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Reforma del Código Penal

Interior aclara que no limitará el derecho a manifestarse

Díaz precisa que las nuevas medidas se dirigen a una "minoría" que se organiza "para actuar de forma vandálica"

 15:47  
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EFE/Madrid El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado hoy que la reforma del Código Penal en la que trabaja el Gobierno para endurecer el castigo a los actos de vandalismo callejero no pretende limitar los derechos de reunión y manifestación sino que se ejerzan de forma pacífica.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con las asociaciones de afectados por el caso de los niños robados junto con los ministros de Justicia y Sanidad, Fernández Díaz ha asegurado que la reforma perseguirá penalmente a aquellos que provoquen incidentes previamente concertados a través de cualquier medio.

Ayer el ministro aseguró en el Congreso que la reforma endurecerá el castigo a los actos de vandalismo callejero y considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio, incluso Internet, de actos que alteren gravemente el orden público.

Fernández Díaz ha apelado al sentido común y ha aclarado que esta medida se dirige a una "minoría" que se organiza y se concierta previamente para actuar "de forma vandálica y con técnicas de guerrilla urbana produciendo daños sobre personas y bienes públicos y privados".

No obstante, ha matizado que no bastará con que esas personas se citen a través de cualquier medio para cometer actos vandálicos sino que estos deberán registrarse, por lo que tanto la policía como fiscales y jueces deberán valorar conjuntamente todos los hechos.

En esta línea, el titular de Interior ha señalado que "no es lo mismo convocar actos vandálicos a que de esa convocatoria se desprenda unos hechos determinados".

Sobre estos últimos, que representan una minoría, que en muchas ocasiones son multirreincidentes y que actúan con técnicas de "guerrilla urbana", Fernández Díaz dirige especialmente el endurecimiento del Código Penal, que prevé aumentar de uno a dos años las penas mínimas de prisión de tal forma que el fiscal pueda pedir al juez prisión provisional.

A juicio del ministro, "es público y notorio" que existe esta minoría de grupos organizados con fines únicamente vandálicos para los que no hay una respuesta punitiva adecuada, una realidad "sobre la que no se pueden cerrar los ojos" y que está causando "un gravísimo daño a la imagen del país".

"No puede ser que una manifestación pacífica acabe distorsionada por un grupo de vándalos que previamente se han organizado para sus actuaciones", ha añadido el ministro, que ha subrayado que el objetivo es "preservar la paz pública y que el derecho de manifestación se ejerza en libertad y de forma pacífica".

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