Copago farmacéutico

Euskadi y Andalucía recurren el ´medicamentazo´

La Junta recurre ante el TC por invasión de competencias mientras que el Gobierno vasco aprueba una ley que evita su aplicación

 08:13  

Madrid | EFE La confrontación y la oposición expresada por varias comunidades autónomas marcarán este miércoles la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que deberá limar los detalles de la entrada en vigor -el próximo domingo día 1 de julio- del copago farmacéutico.

En vísperas de esa trascendental reunión, Andalucía ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de medidas de ahorro sanitario por considerar que invade sus competencias, y el Gobierno vasco ha aprobado un decreto para evitar su aplicación en Euskadi.

El recurso andaluz se suma además al ya presentado por la Generalitat de Cataluña, que apeló al Constitucional por considerar también que el decreto del Gobierno central vulnera sus competencias.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha asegurado hoy que la Generalitat cumplirá el copago farmacéutico que ha decretado el Ejecutivo central, pero que busca fórmulas para evitar que los pensionistas o las personas con menos recursos tengan que avanzar dinero tras haber alcanzado su tope legal de copago.

Horas antes, en una entrevista radiofónica, el conseller de Salud, Boi Ruiz, ha dado por hecho que Cataluña no aplicará este próximo domingo el copago porque el sistema aún no está preparado y ha abogado por implantarlo en el mes de agosto.

Tras la reunión de hoy del Gobierno catalán, Homs ha corroborado que Cataluña "no tiene más remedio" que aplicar el sistema de copago diseñado por el Ejecutivo.

También hoy, el Gobierno vasco ha acelerado los trámites para aprobar el decreto para evitar que se aplique en Euskadi este sistema.

Aunque el Ministerio de Sanidad considera que la legislación estatal es de obligado cumplimiento, el decreto vasco justifica su aplicación en Euskadi basándose en las competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía y en que el País Vasco cuenta con "suficiencia financiera" para hacer frente al gasto suplementario que supondrán estas medidas respecto al conjunto de España.

El decreto establece que en Euskadi los pensionistas no tendrán que pagar el 10 por ciento del coste de los medicamentos en función de sus ingresos como en el resto de España.

Por su parte, la Junta de Andalucía, aunque lo ha recurrido al Constitucional, aplicará este decreto, pero modificará aspectos del sistema, como el cobro del 10 por ciento del coste de las medicinas a los jubilados, a quienes sólo cobrará el tope mensual de 8 ó 18 euros fijado según su renta.

Con este procedimiento, los pensionistas andaluces no abonarán el resto del copago superior a este tope, que será adelantado por la sanidad pública andaluza.

La Junta ha adelantado también que atenderá a los inmigrantes sin los requisitos que impone el decreto estatal ya que, según ha destacado a la prensa la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, este colectivo "tiene un impacto económico muy bajo" en la sanidad pública andaluza.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado hoy que la decisión del Ejecutivo andaluz de recurrir el decreto de reordenación sanitaria es una maniobra con la que el presidente, José Antonio Griñán, pretende "eludir sus propias responsabilidades en la gestión del sistema sanitario".

Así, el debate sobre el copago farmacéutico llega mañana a la mesa del Consejo Interterritorial de Salud con las posiciones radicalizadas.

En ese foro, el Ministerio de Sanidad dará a conocer a las Comunidades un informe sobre la actualización de los medicamentos financiados por las arcas públicas, del que podrían salir algunos fármacos para dolencias leves como protectores estomacales, antidiarreicos, mucolíticos, laxantes, descongestivos o lágrimas artificiales.

Los usuarios de la sanidad pública podrían además tener que pagar parte de las prótesis y de los productos dietéticos en función de su renta.

Son algunas de las medidas incluidas en el decreto de ahorro de la Sanidad, aprobado en abril, y con el que el Ejecutivo central quiere lograr un ahorro de 7.400 millones de euros.

En la reunión, la ministra y los consejeros de Sanidad deberán resolver otro fleco: cómo devolver el dinero a los jubilados que sobrepasen los topes máximos mensuales de entre 8 y 18 euros estipulados en el decreto.

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