Plan de racionalización

Defensa cerrará 86 instalaciones para ahorrar 15 millones

Como primera medida, el ministerio pretende deshacerse de fincas, viviendas y locales que yano se utilizan

27.06.2013 | 13:25

El Ministerio de Defensa pretende ahorrar 15 millones de euros al año en la primera fase de la propuesta de racionalización y utilización eficiente de su patrimonio inmobiliario (PREPIDEF), que consistirá en el cierre de 86 instalaciones, en su mayoría subdelegaciones provinciales, y el traslado de su personal a otros edificios militares.

Así lo ha explicado el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, en el Senado, donde ha presentado el resultado del estudio realizado por el Ministerio en los ocho meses que tiene como objetivo disminuir los gastos que generan sus infraestructuras y reordenar el patrimonio de la Defensa.

La propuesta parte de un listado en el que se han inventariado todas las instalaciones que tiene el Ministerio de Defensa por todo el país. En total, se cifró en 1.046, una lista que incluye cuarteles y grandes bases, pero también locales comerciales, solares y caminos de paso.

Una parte importante -608 instalaciones-son instalaciones sin personal y de ellas el 50% están ya "en desuso". En la actualidad, el 80% del personal de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa se concentra en un 20% de las instalaciones.


Instalaciones "innecesarias"

Por eso, como primera medida, el comisionado ha detectado la posibilidad de que Defensa se deshaga de 358 instalaciones que se consideran "innecesarias". Se trata principalmente de fincas, predios, viviendas y locales, que, en muchos casos, llevan años sin ser utilizados.

Ahora, por su nulo impacto en la actividad de Defensa, PREPIDEF propone al Ministerio que las ponga a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), para su subasta o venta directa. Argüelles ha señalado que para tomar esta medida no se necesita ninguna "actuación más allá que su mera desafectación".

A partir de aquí, el primer esfuerzo del Ministerio quiere centrarse en la reorganización del órgano central en las provincias, una propuesta que deja al margen acuartelamientos, campos de maniobras y academias.

Así, la primera fase de la propuesta, que según fuentes de Defensa consultadas por Europa Press podría prolongarse hasta 2017, afectaría a 109 instalaciones y comportaría el cierre de 86, en su gran mayoría subdelegaciones del Gobierno. También incluye la cesión del hospital de San Fernando y el cierre de algunas residencias militares.


Se puede cerrar el 40% de las instalaciones

En total, la primera fase y el plan inicial de desafectación de 385 instalaciones ya afecta a alrededor del 40% de las instalaciones militares. Al margen quedan, de momento, las instalaciones del órgano central en Madrid y los Cuarteles Generales, así como los acuartelamientos de los Ejércitos y la Armada.

Argüelles ha dicho que esta primera fase tendrá un "impacto muy limitado" en el personal. Los civiles y militares afectados no cambiarán de funciones, sino que trasladarán su lugar de trabajo a otro edificio en la misma ciudad.

El objetivo es aprovechar mejor los recursos y ahorrar en el mantenimiento de las instalaciones. En la actualidad se dan casos de edificios de 2.000 metros cuadrados en los que trabajan sólo tres personas.

En total, esta fase exige una inversión estimada de 40 millones de euros, una partida que el secretario de Estado ha explicado que se puede recuperar "en tres años", ya que de inmediato se dejarán de pagar 15 millones de euros anuales. La inversión estipulada atenderá a los gastos de traslado de personal y materiales y la adecuación de los edificios a donde se moverán.

Además, el estudio no tiene en cuenta los ingresos que podrían obtenerse de la venta de algunas de estas instalaciones a través del INVIED. Argüelles ha reconocido que no será "fácil hoy en día" vender todas estas propiedades, pero ha apuntado que esta situación puede cambiar en unos años.

En cualquier caso, ha recalcado que el objetivo de Defensa "no es hacer caja", como ha señalado el senador socialista José María Angel Batalla, y ha hecho hincapié en que no se va a "liquidar" el patrimonio "de manera irresponsable", sino que se va a "gestionar de manera responsable".


Segunda fase: hasta 37 millones de ahorro anuales más

El comisionado también ha presentado la propuesta del comisionado para una segunda fase, que se llevaría a cabo una vez finalizada la primera, y que afectaría a otras 94 instalaciones, de las que 77 podrían ser cerradas.

Según la propuesta presentada, en este caso sería necesario hacer una inversión muy superior: 807 millones de euros. El ahorro que supondría se ha establecido en 37 millones, que sumados a los 15 de la primera fase convierten en 52 millones el total del "gasto directo" que se eliminaría con esta propuesta.

No obstante, Argüelles ha insistido en que esta propuesta es todavía "objeto de análisis", porque depende de otras decisiones que afectan al modelo de Fuerzas, a la enseñanza militar y la acción social.

Según PREPIDEF esta segunda fase implicaría el cierre de un menor número de instalaciones que la primera, si bien podría afectar a una superficie muy superior. Así, mientras la primera afecta al 1,6% del suelo urbano del que dispone Defensa y al 0,2% del suelo rústico, la segunda fase podría llegar hasta el 19% del suelo urbano y el 4,3% del rústico.

Estas cifras podrían variar, no obstante, ya que, según las fuentes consultadas, la decisión no está cerrada y dependerá de otras que vaya tomando el Ministerio en los próximos años.

De hecho, preguntado por el senador de la Entesa Catalana de Progrès Francisco Boya acerca de cuál será el futuro de la Academia de Suboficiales de Talarn, en Lleida, Argüelles ha señalado que es una decisión que pasa por esa reestructuración de la enseñanza en las Fuerzas Armadas que todavía no se ha decidido.

Si se confirmaran y se cumplieran los planes que ahora se sugieren y se lleva a cabo la segunda fase tal y como ahora se plantea, PREPIDEF supondría la liberación de 7.000 hectáreas y significaría la desafectación o cierre de cerca del 50% de las instalaciones militares de la Defensa.

Para la elaboración de esta propuesta, el comisionado ha tenido en cuenta el impacto en el personal, la complejidad de las actuaciones, su necesidad y la disponibilidad de financiación. En todo caso, se ha tratado de poner estos requerimientos al servicio de los objetivos de la Defensa y la Seguridad.

Al margen de este plan, el INVIED tiene a su disposición para su venta o subasta 8.170 inmuebles. Según ha explicado este jueves el secretario de Estado, del total 6.905 son viviendas.

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