Caso Imelsa

Caso Imelsa: El juez imputa por blanqueo al PP municipal de Valencia

El magistrado ha ofrecido a Rita Barberá declarar antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta

15.03.2016 | 15:16
Rita Barberá, en una imagen de archivo

El Juzgado de Instrucción número 18 decretó este lunes el levantamiento del secreto del sumario de la pieza separada del caso Imelsa en la que se investiga un supuesto blanqueo de dinero por parte del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Pero más allá de esta medida, anunciada previamente, el juez comunicó ayer la imputación del PP de Valencia por esta misma causa y citó de nuevo a declarar a cuatro imputados que ya habían pasado por el juzgado, que son Alfonso Novo, Carmen García Fuster, María José Alcón y María José Pi. Finalmente, el magistrado ofrece a Rita Barberá y Miguel Domínguez, ambos aforados, la posibilidad de declarar voluntariamente ante el juez antes de solicitar su imputación. Según el Ministerio Fiscal, "existen indicios suficientes" de la participación de ambos en esta trama.

Esta pieza separada del caso Imelsa investiga donaciones de los concejales y asesores del PP para la campaña electoral de las pasadas municipales. En concreto, trata de aclarar si ingresaron 1.000 en la cuenta del Grupo Municipal para luego recuperarlo en efectivo, más exactamente en dos billetes de 500 euros procedentes, supuestamente de comisiones ilegales. Esas comisiones es precisamente lo que se investiga en la pieza principal del caso Imelsa.

Ahora, el juez ha decretado el levantamiento del secreto del sumario relativo a la pieza separada y eso ya es un asunto de primer nivel por su transcendencia política. Por esta trama están "investigados" 48 miembros del PP de Valencia, entre ellos 9 de los 10 concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, que llegaron a un acuerdo con la Dirección Regional del partido de abandonar sus cargos si llegado este momento seguían imputados, como así parece que es, pues no se especifica en ninguno de los autos.

A todo el partido

Pero el juez instructor ha ido mucho más allá. En una providencia firmada este mismo martes requiere al Partido Popular para que en el plazo de diez días designe a un representante legal al que tomarle declaración sobre estos mismos hechos, así como procurador y abogado, lo que en términos coloquiales significa la "investigación" del PP como organización también por un presunto blanqueo de capitales.

En relación con este asunto cita de nuevo a declarar el próximo 8 de abril a la exconcejala María José Alcón, la ex secretaria del grupo popular, Carmen García-Fuster, el presidente del PP local, Alfonso Novo, y la administrativa María José Pi.

Dado que en su primera declaración estaba vigente el secreto del sumario y no conocían los detalles del proceso, ahora les conmina a declarar de nuevo, pues entiende que eran las personas que más próximas estaban del dinero y del control del mismo.

Se da la circunstancia, además, de que Alfonso Novo podría ser la persona que represente al PP ante el juez instructor, pues él es el presidente del partido en la capital y cabeza visible del mismo. También es portavoz del Grupo Popular en el ayuntamiento.

Aforados

Por otro lado, el juez ha dado un nuevo paso para incluir en esta causa de los 1.000 euros a Barberá, y al ex concejal Miquel Domínguez. La primera es senadora y, por tanto, el juez debe trasladar el caso al Tribunal Supremo, mientras que el segundo es diputado en las Corts Valencianes y ha de hacer lo propio con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Ha sido, no obstante, bastante prudente. El Ministerio Fiscal cree que "existen indicios suficientes de la participación" de Barberá y Domínguez en esta trama y pidió al juez instructor que enviara al Supremo y al TSJ una exposición razonada de su inculpación. Y el juez, así mismo, cree que los escritos del fiscal "contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición".

No obstante, el magistrado quiere asegurar su argumentación y evitar el riesgo de que los altos tribunales rechacen su propuesta. Así pues, ha ofrecido a Barberá y Domínguez la posibilidad de conocer las actuaciones y declarar voluntariamente ante él, todo ello en un plazo de veinte días y con con la advertencia, a favor de los citados, de que será una declaración voluntaria y no un interrogatorio. Les da la posibilidad, incluso, de presentar, en ese mismo plazo, un escrito de alegaciones con el mismo objeto.

El juez también tomará declaración "a determinados investigados" que pudiera haber tenido "un dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito". Aunque no da nombres en su escrito, cree que en su día no prestaron declaración por no tener información de las actuaciones (secreto sumarial) y no descarta que ahora quieran suministrar información que podría ser valiosa.

Agotar la investigación

Cumplidos esos trámites y ya con toda la información en su poder, elevará sus escritos. Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, quiere "agotar la investigación" para que, llegado el momento, tanto el Supremo como el TSJ dispongan de toda la información posible para "valorar la implicación indiciaria de las dos personas aforadas".

El Supremo establece que "debe agotarse la instrucción de la causa, a fin de permitirse una más fundada decisión no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado".

El Alto Tribunal exige además que "cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, se individualice no solo la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación (?). De ahí que para que proceda declarar su competencia sea menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada".

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