La Fiscalía pide tres años para Granados por un chivatazo

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha dictado apertura de juicio oral para el exconsejero madrileño del PP Francisco Granados por el soplo que le dio en septiembre de 2014, poco antes de su detención, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, alertándole de que la UCO estaba investigando los negocios de su socio David Marjaliza.

Por esta causa, la primera de Púnica en llegar a juicio, la Fiscalía Anticorrupción pide tres años de cárcel para Granados -en prisión provisional desde hace más de dos años-, así como para Talamino y el guardia civil en excedencia y exasesor de la Comunidad de Madrid José Luis Caro Vinagre.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha pedido por su parte 6 años de prisión para Granados y 3 años para los otros dos investigados.

En el auto de apertura de la llamada "pieza 1 Talamino" de Púnica -la causa consta de 14 piezas-, Velasco recuerda como, tras recibir el soplo, Granados "desplegó una serie de actuaciones dirigidas a comprobar el grado de veracidad de la fuente"y "saber si dicha investigación también se dirigía contra él".

Todo ello, "al objeto de adoptar medidas encaminadas a poner a buen recaudo su patrimonio de origen ilícito y alertar a David Marjaliza de la existencia de la investigación", lo que conlleva su imputación en esta causa por aprovechamiento de revelación de secretos.

Talamino, que en septiembre de 2014 estaba destinado en la sección de apoyo técnico y operativo de la UCO, se encargó de instalar una cámara de vigilancia en un vehículo, que quedó estacionado "frente al centro neurálgico de los negocios de Marjaliza".

Así supo que éste era objeto de investigación, "recibiendo se sus superiores la información precisa", y una vez instalado el dispositivo y conociendo la relación que unía a Marjaliza y a Granados y constándole que su amigo Caro Vinagre desempeñaba cargos de confianza en la Comunidad de Madrid, "decidió hacer un favor a todos ellos facilitándoles información confidencial".

Al día siguiente de instalar la citada cámara, el 6 de septiembre de 2014, se detectó un llamada entre Granados y Caro Vinagre, en la que éste le comentaba que la noche anterior un guardia civil le dio una información que "le sonó a advertencia" y mencionó a la UCO.

Esto prueba, según Velasco, que Granados, "no solo se entera por obra de Talamino de que puede estar siendo investigado en un asunto delictivo, como en el caso actual, sino que además insiste en recabar más información a través de Caro".

Más tarde, el exconsejero madrileño avisó a Marjaliza de que uno de la UCO había contado que "estaban haciendo cosas en la puerta" de su oficina, por lo que éste llamó a su secretaria para avisarle.

Esta secuencia de llamadas, indica el juez, supuso que nuevos objetivos de la operación conocieran "la existencia de una posible investigación" lo que puso "en serio peligro el éxito de las pesquisas" y de hecho la cámara oculta tuvo que ser retirada.

A raíz de ese soplo, según apuntó ya Velasco, los objetivos de la investigación, especialmente Marjaliza, su secretaria, Granados, "y en menor medida" el por entonces alcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga, "comenzaron a adoptar unas medidas de seguridad adicionales, que obligaron a disminuir su frecuencia de llamadas y el contenido de las mismas".