Caso Nóos

La Audiencia de Palma decidirá el jueves si envía a Iñaki Urdangarin y a Diego Torres a la cárcel

El tribunal del caso Nóos convoca a las partes a las 10:30h para celebrar la vista de medidas cautelares

21.02.2017 | 13:00

La Audiencia de Palma celebrará este próximo jueves la vista de medidas cautelares del caso Nóos. El tribunal de la sección primera ha fijado hoy la fecha para la celebración de la vistilla, en la que tendrán que comparecer Urdangarin y Diego Torres.

El tribunal que juzgó el caso Nóos ha convocado a Urdangarin y Torres a partir de las 10.30 horas para decidir si acuerda medidas cautelares contra ellos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

No se celebrarán en audiencia pública y en ellas las partes (Fiscalía, Abogacía del Estado y Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares) podrán solicitar la adopción de medidas cautelares si lo consideran oportuno para los condenados por la sentencia notificada el pasado viernes, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach anunció el pasado viernes, cuando se hizo pública la sentencia que ha absuelto a la Infanta Cristina y ha condenado a su marido Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y a su antiguo socio del Instituto Nóos, Diego Torres, a ocho años y medio de cárcel, que había solicitado a la sala que convocara la vista.

Horrach ha detallado que valora seriamente pedir la prisión provisional para los principales acusados, Urdangarin y Torres, ante "la gravedad de las penas" impuestas, que implica cierto riesgo de fuga.

La fiscalía tiene una serie de directrices que recomiendan, en sumarios de corrupción política, solicitar el encarcelamiento preventivo de los condenados a penas superiores a los cinco años. En este caso, tanto Urdangarin como Torres han sido sentenciados a más años de prisión.

Las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyá, que juzgaron la macrocausa de Nóos, la vista oral más larga de Balears, serán las encargadas también de decidir las medidas cautelares que acuerdan para los dos principales condenados de la trama, Urdangarin y Torres. Dos de ellas han formado sala este lunes por la mañana en la Audiencia de Palma en un juicio por narcotráfico, lo que ha despertado una gran expectación mediática. Mientras, la ponente de la sentencia del caso Nóos, Samantha Romero, no ha comparecido hoy durante toda la mañana en el palacio de justicia.

Además de la entrada en prisión provisional, existen otras medidas cautelares como una fianza, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país o la personación periódica en sede judicial o policial para evitar que los condenados eludan la Justicia.

La Audiencia de Palma condenó el pasado viernes a Iñaki Urdangarin por prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, un delito de fraude a la Administración, otro de tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda.

Además de la condena de prisión, también le impuso una multa de 512.553 euros y sendas indemnizaciones de 201.175 euros a la sociedad pública Illesport y de 256.276 euros a la Agencia Tributaria por sus delitos fiscales (en total 972.274 euros), según la sentencia, que no es firme ya que cabe recurso contra ella ante el Tribunal Supremo.

Las juezas consideran que Urdangarin se sirvió de su "privilegiado posicionamiento institucional" por su "proximidad a la Jefatura del Estado" para ejercer "una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades" en Baleares.

Consideran que la contratación del Instituto Nóos para organizar los dos Illes Balears Forum de 2005 y 2006 y una oficina del proyecto del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears, por lo que cobró unos 2,5 millones de euros fue una "decisión caprichosa" del entonces presidente balear, Jaume Matas, (condenado a tres años y ocho meses de cárcel), que posteriormente trató de "revestirse de un ropaje de legalidad".

Fueron -según la sentencia- "decisiones arbitrarias, orillando la legalidad puesto que conculcaron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad".

Urdangarin se aprovechó del "privilegiado posicionamiento" institucional del que disfrutaba "dada su proximidad a la Jefatura del Estado, por cuanto en aquellas fechas formaba parte de la Familia Real, con ocasión de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido".

Esa circunstancia "le procuraba el ejercicio de una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos" para que "se plegaran a su contratación". su influencia "resulta ser de tal entidad" que "permite afirmar que sin ella el hecho ilícito no se hubiera producido".

A Diego Torres, lo condenaron a 8 años y 6 meses por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación; fraude a la Administración, tráfico de influencias, delito contra Hacienda y blanqueo. También fue condenado a pagar multas e indemnizaciones que suman 2,2 millones.

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