Desafío independentista

El Gobierno interviene las cuentas de Cataluña para evitar desvíos al 1-O

Asume el pago de los servicios esenciales y da 48 horas a la Generalitat para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto

15.09.2017 | 21:42
El Gobierno interviene las cuentas de Cataluña para evitar desvíos al 1-O

El Gobierno ha intervenido las cuentas de la Generalitat al asumir el pago de los servicios esenciales en Cataluña y ha dado 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que garantice que no se desvíen fondos al 1-O.

El Gobierno ha aprobado hoy un mecanismo de control de pagos para Cataluña, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha definido como "novedoso" y que, según ha anunciado, explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados.

Además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales -nóminas, sanidad, educación y servicios sociales- Puigdemont deberá acreditar los pagos pendientes de la Generalitat y certificar que no van destinados al referéndum secesionista.

"El Estado sustituye en los pagos a la comunidad, no completamente, pero sí en la mayoría de pagos esenciales", ha dicho Montoro quien especificó que el Gobierno pagará directamente "todos los servicios públicos fundamentales", incluidas las nóminas de los funcionarios que los presten.

De esta manera, el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes.

Montoro ha dicho que esta medida de control de pagos se prolongará durante el tiempo que dure la "situación de excepcionalidad" que han provocado los dirigentes de la Generalitat con la convocatoria de un referéndum ilegal y mientras éstos "se sigan negando a cumplir la ley".

"No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal", ha remarcado Montoro que se ha mostrado convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central.

Además, el Ejecutivo enviará el acuerdo adoptado a las entidades de crédito para que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General, y si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal.

El Gobierno, según un comunicado de Hacienda, también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, ya que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.

Límite 48 horas


El plazo de 48 horas al Govern comienza a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo del Consejo de Ministros y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que se materializará a principios de la próxima semana, según Montoro.

"Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar e intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando", ha señalado el ministro en alusión a Puigdemont.

Montoro ha dejado claro que, con este mecanismo, el Gobierno establece "la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado", ante la "incertidumbre" que está generando el proceso independentista.

Ha recalcado que está "en juego" el interés general de los catalanes y el conjunto de los españoles y la defensa de la ley y la Constitución.

El Gobierno ha adoptado este mecanismo de control de pago después de que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, enviara ayer una carta al Ministerio de Hacienda en la que comunicaba que la Generalitat dejaba de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo haría el mensual, con lo que no remitirá ninguna información más hasta pasado el 1 de octubre.

Montoro ha dicho que Junqueras "se califica por sí mismo" con esa decisión y ha avanzado que su Ministerio ha puesto en manos de la Fiscalía la actuación de la interventora general de la Generalitat, por acatar la orden de "un superior situado fuera de la legalidad".

El Tribunal Supremo ha rechazado también hoy la petición de la Generalitat de que suspenda cautelarmente la obligación que le impuso el Gobierno central de informarle de sus gastos.

Hacienda remite a Fiscalía negativa de la Generalitat de informar. Vídeo: EP/Foto: EFE

Junto a estas medidas, el Ministerio enviará el acuerdo del Gobierno a las entidades financieras para que no colaboren con actividades ilegales "como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero". Les insta a exigir que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General y si detectan que puede estar relacionado con el 1 de octubre "deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal".

Puigdemont recusa a los jueces que acordaron investigarle


Por su parte, Puigdemont, y el conseller de Presidencia, Jordi Turull, han recusado a los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que acordaron investigarle por el referéndum y a la juez encargada de instruir el caso.

En un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Puigdemont y Turull plantean un incidente de recusación contra los cuatro magistrados, entre ellos el presidente del alto tribunal catalán Jesús María Barrientos, al entender que no son imparciales y que la querella de la Fiscalía contra el Govern obedece a un "conflicto de naturaleza política".

El incidente de recusación se dirige, además de Barrientos, contra los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos, que formaban parte de la sala de admisión que el pasado viernes acordó admitir a trámite la querella de la Fiscalía por el referéndum, así como contra Mercedes Armas, la juez que instruirá la causa contra los miembros del Govern.

El incidente de recusación, no obstante, precisa que el mismo argumento de falta de imparcialidad "es predicable al resto de magistrados, igualmente nombrados por el propio Consejo General del Poder Judicial".

En su escrito, Puigdemont y Turull mantienen que los tribunales españoles, en concreto el del TSJC, "no son imparciales para juzgar causas que tienen origen en un conflicto de naturaleza política", dado que en su opinión la independencia de los mismos ha sido cuestionada de forma expresa por "varios informes de organismos europeos".

En opinión de ambos querellados, el nombramiento de los magistrados de la sala civil y penal de los tribunales superiores de justicia no se basa "en criterios objetivos legalmente previstos" sino que "tiene carácter discrecional, al corresponder su nombramiento al Consejo General del Poder Judicial".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado por el vicepresidente Oriol Junqueras (i) y el conseller de presidencia Jordi Turull. Foto: EFE

En ese sentido, recalcan que se trata de unos magistrados elegidos por un órgano -el CGPJ- que a su vez ha sido escogido por Las Cortes, en las que "tiene mayoría más o menos amplia el Gobierno de turno", y que deberán juzgar "unos hechos que llevan base del conflicto político existente entre esas cámaras y el Gobierno y los órganos de la comunidad autónoma (...).

Una prueba de esa falta de imparcialidad es, según la Fiscalía, "la polémica causada por algunos de los más recientes nombramientos judiciales en Cataluña", por lo que adjuntan varios recortes de prensa relativas a la designación del presidente del TSJC y del de la Audiencia de Barcelona.

"Queda entonces claro que la composición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no garantiza la imparcialidad de sus miembros para juzgar una causa que tiene origen en un conflicto de naturaleza política y que, en todo caso, afecta a políticos", añade el escrito de Puigdemont y Turull.

Conflicto de naturaleza política


Los querellados sostienen también que en el caso del referéndum "nos encontramos ante un conflicto de naturaleza política (si se puede consultar o no a la población de un territorio sobre el eventual ejercicio al derecho de autodeterminación) que debería ser resuelto por vías políticas y no a través de la represión penal".

Para Puigdemont y Turull, "el tribunal llamado a dirimir esta causa no tiene entonces la imparcialidad exigible para enjuiciar el conflicto que nos ocupa".

El escrito subraya que el Gobierno no autoriza la convocatoria de un referéndum, que el "poder central" nombra a los miembros del Tribunal Constitucional que declara contrario a la Constitución la celebración del 1-O y también a los miembros del Consejo General del Poder Judicial que designa a los integrantes del TSJC.

Puigdemont y Turull admiten en su escrito que "es muy posible que esta recusación sea desestimada, pero convencidos como están de su procedencia, la dejan en cualquier caso articulada en espera de que posteriores instancias europeas tengan la sensibilidad que, hasta el momento, no han tenido las española, ni sus tribunales de justicia (...)".

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