Cataluña

La juez Lamela niega "persecución política" al Govern cesado de Cataluña

Los exconsejeros Rull y Turull piden su puesta en libertad y niegan que instigaran a la desobediencia

13.11.2017 | 18:45
Turull y Rull, en primera línea, el día de su comparecencia.

La juez Carmen Lamela ha negado hoy que exista una "persecución política" a los miembros del Govern cesado e investigados por rebelión, tal y como afirmaba la defensa de los exconsellers huidos Antoni Comín y Meritxell Serret al recurrir las órdenes europeas de detención y entrega que dictó contra ellos.

En el auto en el que rechaza este recurso, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional destaca que a ninguno de ellos se les persigue "ni por sus ideas ni por defender la independencia de Cataluña sino por tratar de cambiar totalmente, al margen de las vías legales, la forma de Gobierno".

Añade que, precisamente "para obtener su propósito", se aprovecharon de su condición de consejeros para promover y utilizar "la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas" a los que "llamaron a la insurrección".

Para ello, recuerda la magistrada, todos ellos "participaron decisivamente en los actos que desembocaron en la celebración de un referéndum independentista para lograr en España la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña y su constitución en república independiente".

Además de poner en duda la imparcialidad política de esta causa, la defensa de Comín y Serret, ejercida por el abogado Gonzalo Boyé, criticó en su recurso que la juez hubiera añadido "delitos nuevos", como el de desobediencia y prevaricación, para pedir la detención y entrega de sus patrocinados a Bélgica.

La juez observa además que el letrado no puede representar como abogado a estos dos huidos porque no le han designado expresamente en este procedimiento y, por tanto, no consta que ejerza su defensa.

Por el contrario, indica el auto, "han optado por sustraerse a la acción de la Justicia y no ponerse a disposición de este juzgado", que le citó el pasado 2 de noviembre junto al también huido Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, que ingresó en prisión incondicional junto a otros siete exconsellers.


Los exconsejeros Rull y Turull piden su puesta en libertad


La defensa de los exconsellers del PDeCAT Jordi Turull y Josep Rull ha pedido a la Audiencia Nacional su puesta en libertad, aduciendo que se limitaron a convocar el referéndum, sin "organizar o instigar por ninguna vía" tumultos ni actos de desobediencia a la acción de las autoridades o sus agentes.

Jordi Pina, abogado de Turull y Rull, ha presentado hoy sendos recursos de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, después de que la juez instructora Carmen Lamela ratificara la semana pasada su decisión de mantenerlos en prisión preventiva, junto a otros seis consellers cesados, en la causa en que los investiga por rebelión, sedición y malversación.

En su recursos, a que ha tenido acceso Efe, los exconsellers de Presidencia y de Territorio y Sostenibilidad, Jordi Turull y Josep Rull, se desvinculan de los "episodios aislados de incidentes" ocurridos, como los "escraches" ante hoteles donde se alojaban policías nacionales y guardias civiles, y de cualquier uso de la violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Asimismo, Rull y Turull -que la semana pasada relevaron de su defensa a Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont- invocan la jurisprudencia para poner en cuestión que la Audiencia Nacional sea el órgano competente para enjuiciar los delitos de rebelión y secesión y piden que remita el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona.

"El votar a favor de una convocatoria ilegal de referéndum nada tiene que ver con alzarse de modo público o violento, que es lo exigido para la rebelión", razona el abogado, que niega que se conozcan a Turull y a Rull "manifestaciones alentando a los ciudadanos a alzarse en ningún sentido o a oponerse con violencia a la acción de las autoridades o sus agentes".

Para la defensa, tampoco "consta de modo alguno" que Turull y Rull "organizaran o instigaran por ninguna vía" protestas como las celebradas ante los hoteles que hospedaban a policías y guardias civiles, unas movilizaciones que, añade, "no pueden tener cabida en el tipo penal de la violencia pues no consta que ninguna persona fuera golpeada o maltratada de obra (...)".

En otro escrito, en este caso conjunto, Rull y Turull solicitan a la Audiencia Nacional que deje sin efecto la fianza de 6,2 millones de euros impuesta a los exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Supremo denegara esta medida cautelar que la Fiscalía había solicitado para los miembros de la Mesa del Parlament.

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