16 de febrero de 2018
16.02.2018
Caso Púnica

Cristina Cifuentes se querella contra Francisco Granados por injurias y calumnias

La denuncia indica que ha habido "un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar su buen nombre"

16.02.2018 | 12:24
La presidenta madrileña Cristina Granados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado ya una querella criminal contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados por los delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral, tras las declaraciones del pasado lunes en la Audiencia Nacional, en el marco de la Operación Púnica, y donde insinuó que la dirigente madrileña sabía de la supuesta financiación irregular del partido.

Fuentes del Gobierno regional han informado a Europa Press que la querella se presentó este jueves en el juzgado y que se fundamenta en la vulneración de los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, exigiéndose responsabilidades tanto en el ámbito civil como penal.

El escrito de querella pone de relieve que lo que se ha producido "no es tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria".

Las manifestaciones de Granados, según señala la querella, responden también al tipo penal de la calumnia, "al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad".

Granados implica a Aguirre, González y Cifuentes en la 'caja B' del PP. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EP

A todo ello se suma el delito contra la integridad moral, al suponer estas declaraciones "un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que supone una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes".

La querella criminal contra Francisco Granados ha sido interpuesta y suscrita por un Procurador y un Letrado particulares, sin intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, como ya destacaron desde el Ejecutivo a principios de semana.

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