Ibarretxe y Zapatero, con prisa

17.07.2008 | 02:59

Antonio Casado

Zapatero e Ibarretxe han dejado sin vacaciones a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ambos tienen prisa. La de Ibarretxe es de oficio. Por coherencia con su hoja de ruta. Si no hay fallo antes del 15 de septiembre, fecha de arranque del proceso, no habrá ´consulta´, por el efecto suspensivo que pesa sobre la ley autonómica impugnada. Como en su fuero interno sabe que se la van a anular, quiere la sentencia cuanto antes. Así puede alargar su discurso victimista en el tramo previo a la convocatoria de las elecciones vascas.
También a Zapatero le conviene el pinchazo inmediato del delirio soberanista de Ibarretxe mediante la fuerza tranquila del Estado de Derecho, para ir cuanto antes a las urnas. Esta vez con la ilusión de convertir a Patxi López en el próximo lehendakari. Difícil tarea será la de elegir a los costaleros parlamentarios, inevitables en un mapa político tan fragmentado como el vasco. El tema es apasionante después de la espantada de María San Gil en el PP, el agotamiento del ´tripartito´ y el cantado batacazo del ala soberanista del PNV.
Por lo tanto, y sin que sirva de precedente, Madrid y Vitoria están plenamente de acuerdo con un párrafo del recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado martes contra la llamada ley de consulta publicada ese mismo día en el boletín oficial del País Vasco. Dice así: "Por las características de la consulta objeto de la Ley impugnada, el Abogado del Estado considera de la máxima conveniencia para la causa pública que la sentencia que resuelva este asunto se dicte antes del 15 de septiembre de 2008".
Todo invita a suponer que, aunque el plazo legal es de cinco meses para levantar o ratificar la suspensión, hemos de hablar de semanas para conocer el fallo del Tribunal Constitucional sobre la última versión de los delirios soberanistas de Ibarretxe. Asunto de fondo político donde los haya. Pero eso no significa que la aplicación de las leyes se subordina a razones de conveniencia. Se trata de reconocer en la iniciativa de Ibarretxe, además de su evidente ilegalidad, el reiterado intento de desbordar la Constitución, si así lo decidieran los ciudadanos residentes en esta parte del territorio nacional. Es tanto como suplantar el derecho a decidir de todos los españoles por el derecho a decidir de unos cuantos.
Pero la política y las leyes corren paralelas en este asunto. Al Tribunal Constitucional le basta con atenerse a las generales de la ley. Si, como reclama el Abogado del Estado, considera que la ´consulta´ es en realidad un ´referéndum´, tiene que declararlo ilegal por falta de autorización previa. Es preceptiva por tratarse de una competencia exclusiva del Estado (artículo 149 de la Constitución). Eso es simplemente aplicar la legalidad, aunque la impregnación política del caso sea clamorosa.

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