La crisis económica española está pasando una factura descomunal en términos de empleo. Durante los últimos doce meses, el número de desempleados se ha incrementado en 621.000 y sólo en el segundo trimestre en 207.400 personas. El número total de parados en España se sitúa en 2.381.500, esto es, un 10,4 por 100 de la población activa. Aunque la construcción lidera ese desagradable ranking de los sectores que destruyen puestos de trabajo, la dinámica se ha extendido a todas las demás actividades económicas y, en concreto, a los servicios que dan cuenta de casi el 70 por 100 del PIB. Lo grave es que la tendencia alcista del desempleo se agudizará en los próximos trimestres y 2008 se cerrará casi con toda seguridad con tres millones de ciudadanos sin empleo.

Como sucedió en la década de los años ochenta del siglo pasado, la economía nacional va a tener muchas dificultades para ajustarse a la crisis sin realizar una masiva expulsión de trabajadores fuera del mercado laboral. Con unas instituciones laborales rígidas, con una estructura salarial ligada a la evolución del IPC y con una negociación colectiva que ignora la productividad individual de la mano de obra y la situación de las empresas, es imposible que una desaceleración económica tan intensa y rápida como la soportada por España no desencadene una destrucción brutal de empleo. Los buenos tiempos de los noventa con un aumento constante del empleo y del poder adquisitivo de las familias ha terminado y tardaremos mucho tiempo en volver a recuperarla.

En este marco, la pasividad del Gobierno es incomprensible. Ha delegado la política de empleo en los interlocutores sociales -patronal y sindicatos- que es improbable que sean capaces de lograr un acuerdo para afrontar la situación. En el mejor de los casos concertarán medidas de medio pelo, descafeinadas que no servirán para frenar la acelerada trayectoria alcista del paro. El gabinete socialista está paralizado ante la crisis y carece de ideas para hacerla frente. No existe un programa coherente y sistemático que permita otear un atisbo de luz al final de un túnel que cada día es las negro y largo. En dos legislaturas, los ciudadanos españoles van a perder todas o, al menos, la mayoría de las ganancias de bienestar acumuladas durante una década.