Nada hasta septiembre

25.07.2008 | 00:39

Francisco Muro de Iscar

Zapatero y Rajoy han pactado pactar en septiembre. La reunión de La Moncloa, positiva, destensionadora, alumbradora de una nueva forma de relacionarse -ya era hora-, ha transmitido la "voluntad de llegar a acuerdos", pero no ha cerrado cómo llegar a ellos. En el terreno de la economía, ni eso. Con 207.000 parados más en el segundo trimestre alcanzamos el 10,44 % de la población activa, hay nubarrones sobre la construcción, Renault anunciando 5.000 despidos en Europa, Rajoy llevó propuestas y Zapatero las rechazó. El problema es que el Gobierno no hace nada, no tiene plan para salir de la crisis y tampoco hace nada para buscarlo. No creo que la solución sea un acuerdo entre Zapatero y Rajoy sino un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos, apoyado por los partidos. Pero tampoco se dan pasos en ese sentido. Los 300 millones del Gobierno para comprar suelo es más una socialización de las pérdidas -es decir, que las paguemos todos- que una solución real. La crisis no es el final de la situación, es sólo el principio. Se necesitan medidas de choque con urgencia y el presidente está jugando con fuego, pero los que se van a quemar son los ciudadanos.
En el terreno de la Justicia, como en el chiste, hay dos noticias buenas y dos malas. La primera buena es que se van a renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y que tal vez haya más mujeres. La mala es que no se conocen los criterios para esa renovación, es de temer que vayan a ir, como manda la Constitución, "juristas de reconocido prestigio" y, sobre todo, que esa elección no se haga con criterios partidistas y de obediencia debida, sino basados en la independencia de cada uno de ellos. Renovar es indispensable por responsabilidad democrática, pero si no se garantiza la presencia de los mejores y su independencia, el Consejo y el Tribunal corren un grave riesgo de credibilidad. Respecto a la modernización de la justicia, la implantación, por fin, de la Oficina Judicial y la llegada de las nuevas tecnologías a los órganos judiciales, eso lo firma cualquiera. El problema es doble: saber hacia qué modelo vamos y qué incremento presupuestario va a haber para hacer frente a una modernización real. Si esa incógnita no se despeja, todo puede quedar en un catálogo de buenas intenciones. Sin dinero no hay modernización, aunque no falte la voluntad.
En definitiva, que hay que pasar de las buenas intenciones a las realidades plasmadas en el Boletín Oficial, en los Presupuestos Generales del estado y de las autonomías y en el funcionamiento independiente de las instituciones. En septiembre veremos si el talante se ha convertido en talento o en tongo.

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