Habitantes provisionales

Carlos Pérez Ariza

No será hasta 2012 cuando, según la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Josefa López, se proceda a reubicar a las 264 familias que habitan allí en condiciones deplorables, que sólo se ven en los países más empobrecidos del mundo. Las razones de este nuevo plazo, que alcanzará más de veinticinco años, es preparar a las familias a un nuevo entorno, que aprendan a convivir en comunidad y ayudarles a conseguir un empleo, que garantice a la administración comunitaria que esas familias puedan pagar el alquiler de las nuevas viviendas que le proporcionarán. Esto parece indispensable, pero han tardado veinte años largos, y aún Los Asperones sigue sin solución como un negro lunar de marginación y pobreza endémica.
Todas las reuniones técnicas y políticas realizadas entre los representantes de la Junta y el Ayuntamiento de Málaga han fracasado. La provisionalidad se fue convirtiendo en una manera de vivir y la marginalidad en su acompañante fiel. Esto recuerda a la literatura de Franz Kafka, cuando escribió sobre esas marañas burocráticas que tratan a las personas como si fueran datos estadísticos. En diciembre de 2007, ambas administraciones firmaron, por fin, un acuerdo para desmantelar este poblado, donde sobreviven 966 personas, casi todos de etnia gitana. Se daba un plazo de cuatro años para trasladarlos, ahora un año más.
Pero la solución no está clara. De las 264 familias, sólo 50, un 19 por ciento, pueden trasladarse al poder pagar el nuevo alquiler. Las restantes 214, un 81 por ciento, no quieren o no pueden irse. La Junta ha dicho que podría construir VPO en esa zona (entre el Cementerio de San Gabriel y el centro de tratamiento de residuos de Los Ruices). Ya sabemos que las viviendas protegidas tardan varios años en ser levantadas. La solución puede que se prolongue aún más.
En el fondo del caso Los Asperones está una imprecisa voluntad política, que ha estado ausente o ha sido demasiado tibia y se ha dejado enfriar en estas dos décadas. Como es evidente el problema tiene dos signos: uno sociológicos y otro económico. El primero tiene que ver con la etnia a la que pertenecen los vecinos, algunos políticos se ponen guantes de seda cuando tienen que afrontar los problemas de esas personas. El segundo es que quien puede pagar el nuevo alquiler sale de allí y la mayoría que no puede o no quiere se queda. La solución no parece estar a la vuelta de la esquina.
Los niños y niñas que nacieron allí, que rondan ya los 20 años, no son provisionales. No han conocido otra realidad que una marginalidad social que se les ha impuesto. Comenzaron viviendo bajo techos de cartón, algunas se fueron convirtiendo en construcciones parecidas a casas, ahora hay 178, aún quedan en pie 17 chabolas. Las administraciones han invertido en mejoras, ampliaciones que no han eliminado realmente el profundo sello de marginalidad que allí existe. ¿Qué sensibilidad social hay que tener para acabar con esto? El Gobierno de Andalucía, que es hoy el mismo que hace veinte años, debería darle vergüenza saber que 966 personas, andaluces de Málaga y de la Unión Europea, aún viven como ciudadanos de tercera en los albores del siglo XXI.