Sálvese el que pueda

Gaby Beneroso

Los pobres alcaldes socialistas de la comarca de la Axarquía han tenido que unirse para redactar un documento en el que exponen sus quejas por considerarse perseguidos. Lo ha motivado el actual seguimiento de los expedientes urbanísticos que se incoan por la vía de lo Penal en lugar de por la vía Contencioso-Administrativa, como se venía haciendo. Aseguran estos alcaldes que están hartos de que se les trate como delincuentes. Es lógico. Hoy por hoy, las investigaciones abiertas por supuestas irregularidades urbanísticas afectan a 20 de los 31 municipios de dicha comarca.
Debe de ser muy molesto, claro, sentirse perseguido y recibir trato de delincuente. Ahora bien, eso se solucionaría no cometiendo dichas irregularidades. Ante una infracción urbanística, ya sea falta o delito, sugerir que el Estado de Derecho no actúe con todas sus armas por el maltrato que se siente al soportarlas, no da ni risa. No consigo explicarme como diecisiete alcaldes, elegidos democráticamente, han firmado esta declaración en la que exponen que se use la vía judicial menos lesiva para sus intereses, porque pica. Tampoco se puede estar en las Instituciones y considerar cualquier órgano de control democrático como una persecución.
Ha comparado Manuel Aranda, alcalde de Canillas de Aceituno y uno de los firmantes, la situación de los chiringuitos del litoral malagueño con las edificaciones derivadas de los proyectos de actuación urbanística, para concluir que a pesar de que los primeros incumplen la ley, y lo sabe Demarcación de Costas, se les suministran los servicios para que exploten su actividad. Creo que no lo he entendido bien. Quiero suponer que no ha querido decir que los Organismos del Estado debieran de hacer la misma vista gorda con los asuntos urbanísticos que la que se supone, hacen con los chiringuitos. A ver si lo que quieren estos alcaldes no es una alcaldía sino un barecillo en la playa. Desde luego, supongo que este alcalde no será como aquel fiscal que sólo veía documentales de una cadena extranjera y que será consciente de que la alarma social que produce un delito urbanístico no es la misma que la que pueda generar la inauguración o cierre de un lugar de desahogo playero.
No. No pueden los alcaldes campar a sus anchas por su chiringuito municipal. Tampoco elegir la vía judicial por la que se les investigue. Simplemente deben de cumplir la ley, y, por su cargo representativo, además, con la máxima transparencia.
Dice Aranda que ahora a los alcaldes "se les trata como delincuentes y se confunde urbanismo con corrupción al tramitarse directamente por lo Penal". Él que tramita a diario y resuelve uno tras otro los informes y expedientes que por razón de su cargo está obligado a satisfacer, sabrá más que yo del asunto. Ciertamente, cometer un error administrativo y ser señalado como un presunto prevaricador, no debe resultarle grato a nadie. Tampoco picar piedra bajo el sol, que diría mi abuela. Gajes del oficio.
La decisión de estos diecisiete alcaldes socialistas de redactar y firmar este documento que limite la vía penal en las irregularidades urbanísticas hay que considerarla, cuanto menos, torpe. Por imprudente, desatinada e intemporal...