Victoria Lafora
La desaparición del Recurso Previo de Inconstitucionalidad ha creado un enorme vacío por el que se cuelan conceptos que deberían estar despejados previamente a cualquier otra acción política y que, en consecuencia, poniendo el carro delante de las mulas, propician un enorme desbarajuste de creencias, intenciones y acciones de gran calado político que, sin duda, deberían ser posteriores al análisis de un recurso previo. Porque, no siendo así; no existiendo ese recurso que clarifique la constitucionalidad o no de determinados artículos del Estatut de Cataluña, o de cualquier otro, como el valenciano o el andaluz; nos encontramos con que todas las acciones que se lleven a cabo en la elaboración de esa ley orgánica, –y nos referimos a su aprobación por las cortes catalanas, su paso por las generales y su refrendo popular– se convierten en supuestos arietes contra la posibilidad de que el Tribunal Constitucional decida, con su buen saber y obrar –que para eso está– enmendar una coma a lo aprobado por el pueblo soberano. Y si a ese ariete, creado por la mera funcionalidad, le sumamos los arietes con que amenazan desde diversas instituciones que son Estado, la ´merdé´ está mas que servida. Espanta y aturde que Montilla diga que se hará lo que el Parlamento de Cataluña, y los votantes consultados en referéndum han decidido, pasándose por el arco de triunfo cualquier decisión contraria de Constitucional. Y es que se siente fuerte; se siente apoyado realmente por esos arietes que, en realidad, no son algo baladí. Pero olvida que vivimos en un Estado de Derecho, y que ese Estado descansa en las instituciones, y que la decisión sobre la constitucionalidad o no de determinados aspectos de cualquier ley orgánica es tarea y decisión del alto tribunal. Nos merezca ese Tribunal la opinión que nos merezca, es el que tenemos y hay que acatar sus decisiones. De entrada, acatemos, decidan en el sentido que decidan. Luego existen mecanismos para reencauzarlas, incluyendo posibles reformas de la Constitución.