GUILLERMO BUSUTIL
Hace tiempo que la educación en España es la víctima de una serie de problemas que se parchean o esconden porque en este país se ha perdido el sentido común y la libertad para llamar a muchas cosas por su nombre, sin miedo a ser tachado de antiguo o de pertenecer a la derecha. Esta actitud instalada en muchos sectores de la sociedad, junto al mal uso de conceptos como progresía, disciplina, libertad, rebeldía, y de estar más pendientes de las estadísticas europeas comparativas, son la causa del grave deterioro de las formas, de las fórmulas, de los conocimientos y exigencias inherentes al sistema de educación en España. No hace falta que exista un Informe Pisa para que sepamos que el 33% del alumnado no supera la Educación Secundaria; que los conocimientos de lo que hoy es el antiguo Bachiller Superior dejan bastante que desear; que los libros de texto se han infantilizado u obvian conocimientos en función de la comunidad autónoma a la que pertenecen; que tres de cada cuatro profesores padece estrés, ansiedad o depresión; que su prestigio social se ha visto progresivamente mermado y que se sienten impotentes ante las amenazas y agresiones de alumnos y de padres.
Personalmente provengo del viejo sistema del bachillerato, en el que había que memorizar y saber relacionar conceptos, en el que el respeto al profesor era algo normal, en el que te recomendaban que fueses capaz de enriquecer esos conocimientos con lecturas no impuestas y en el que el esfuerzo y el mérito eran valores importantes. De aquel tiempo del don y donde no servía de nada decirles a los padres que el profesor nos tenía manía y que esa era la razón del suspenso o de la expulsión temporal, guardo la huella de algunos docentes que me ayudaron a construir mi identidad y mi universo. Lo mismo lo he comprobado con mi madre, una maestra vocacional que durante más de treinta y cinco años fue la maestra del barrio por la que pasaron generaciones de una misma familia y a la que todavía paran por la calle para contarle sobre como les va con su profesión, sus nietos o sus hijos. También ella y los profesores de su época tuvieron que enfrentarse a padres cazurros, a alumnos insufribles o violentos y a rebeldes adolescentes, pero tanto los padres como los alumnos les reconocíamos con respeto un saber y unos valores en sus actitudes y en su conducta.
Esas antiguas cualidades son la que pretende rescatar y poner de actualidad la Ley de Autoridad propuesta por Esperanza Aguirre, a quien ya se le han echado encima los que defienden la medida de rebajar la calidad y la exigencia para que suspenda el menor número posible de alumnos, que la disciplina es un concepto franquista, que de lo que se trata es de saber gestionar la educación, que era el antiguo sistema el que propiciaba que hubiese alumnos más avanzados que otros y que de nada sirve que los estudiantes conozcan el parentesco entre la filosofía, el arte, las matemáticas y la literatura. Es verdad que la autoridad no se otorga por decreto y que poner una tarima en las clases no le confiere estatus al profesor. Pero sí que es necesario devolver a los profesores su lugar, además de dotarlo de instrumentos y de apoyarlos con reglas escolares. Algo que existe en cualquier empresa a la que, en un futuro, accederán los estudiantes que hoy campean, compadre, a sus bravuconas anchas y amparados por algunas leyes con demasiados agujeros. Tal vez la futura Ley deba ser mejor hilvanada, además de que ha de ser aprobada por consenso, pero posiblemente sea el primer paso para debatir a fondo y resolver el deterioro y el caos de la educación española. No olvidemos, que lo hemos hecho, que la sociedad es un reflejo de la escuela que han tenido sus ciudadanos.