Carta de la Comisión de Vivienda

Carmen Maldonado Millán* Los colectivos y entidades sociales que constituyen la Plataforma de Seguimiento de la Crisis en Málaga, agrupadas en la Subcomisión de Vivienda, tras varias reuniones iniciales en las que se han conocido algunas de las realidades más urgentes, quieren hacer llegar a la ciudadanía algunas consideraciones de interés general que a nuestro juicio deberían ser tenidas en cuenta a la hora de analizar los efectos de la actual situación económica sobre los ciudadanos y sus derechos, y plantear alternativas, soluciones y respuestas.
Las entidades y asociaciones de las que hablamos dedican su quehacer cotidiano a atender a la ciudadanía en muchas situaciones de emergencia social, también en la dificultad de acceder a una vivienda digna o a conservar con dignidad la vivienda que habitan.
Ya debería ser noticia de portada que sean asociaciones y colectivos ciudadanos los que se planten ante la injusticia para atender y acompañar a los ciudadanos en el acceso a un derecho al que debieran dar respuesta los poderes públicos.
Sin embargo, como añadidura a la difícil situación actual, nos enfrentamos a una coincidencia de factores que agravan la ya de por si complicada realidad. En lo que a los ciudadanos y ciudadanas que viven con una hipoteca a su cargo, además de los mensajes de "propaganda oficial" de planes de ayuda y cifras multimillonarias estamos encontrando dos respuestas que se repiten con demasiada frecuencia.
La primera es que los bancos y cajas, tras ser los destinatarios en nuestro país, del multimillonario y espectacular plan de apoyo financiero que el Gobierno ha puesto en marcha para salvaguardar su seguridad, se dedican a ignorar o entorpecer el acceso a algunas ayudas oficiales para el aplazamiento parcial de las hipotecas, poniendo en serio peligro la economía de muchas familias. En el caso de las ayudas ICO, disponibles desde el mes de enero, a las que se han sumado voluntariamente unas ochenta entidades bancarias(1) de nuestro país, entre las que se encuentran las principales cajas y los mayores bancos con millones y millones de clientes en España, incumplen su obligación de informar sobre este derecho, con excusas tan peregrinas como que "… esas ayudas no existen", "… eso todavía no está aprobado", "… en realidad no le interesa", "… no tenemos conocimiento oficial", "… nosotros no trabajamos ese producto", entre otras. La consecuencia inmediata es que al no poder tramitar esas ayudas, aumenta el riesgo de que se produzcan impagos, hecho que imposibilita la concesión de estas ayudas.
Por otro lado, las mismas entidades que dan esta respuesta tan poco profesional, cuando se insiste en pedir información, "ofertan" otros productos que ellos catalogan como "mas favorables", cuyos nombres se adornan pero que no son sino créditos (que hay que devolver) o segundas hipotecas que no hacen sino aumentar el nivel de endeudamiento de las familias y que generan los intereses que son el verdadero objeto del negocio de los bancos y las cajas. O sea, para ellos la solución para la dificultad en pagar una hipoteca, es contratar otra. No parece razonable.
A todo esto hay que sumar las condiciones ya de por si complejas para la concesión de las ayudas ICO: estar desempleado tres o más meses y cobrar alguna prestación, ser autónomo y haber cesado la actividad hace tres o más meses o tener unos ingresos inferiores a 1.581 euros al mes durante tres o más meses, y ser pensionista de viudedad por fallecimiento posterior al 1 de Septiembre de 2008. Pero, sobre todo, no tener ninguna deuda pendiente por ningún otro crédito ni préstamo concedido por el mismo banco o caja que concedió la hipoteca. Por difíciles que puedan parecer los requisitos, sólo un mínimo esfuerzo de comunicación aliviaría la situación de miles de familias.
Además hemos conocido en las últimas fechas a través de los medios de comunicación, la entrada en escena de un nuevo actor, los "swaps", los "clips" y otros congéneres, que no son sino productos financieros complejos y opacos, que los amables comerciales de las principales entidades venden a clientes con hipotecas bajo la inocente apariencia de una póliza de seguros (así aparece en sus páginas web) como protección frente a los vaivenes de los tipos de interés. El problema es que no informan de que a quien protegen es al banco, abonando modestas cantidades al cliente si suben los tipos, (entre 60 y 90 euros al trimestre) pero desatando una tormenta de compensaciones y penalizaciones en la cuenta del cliente si los tipos bajan, (hasta 1.500 euros por trimestre), y si te echas atrás, hasta 9.000 euros de comisión de cancelación. Juzguen ustedes.
Desde luego, el esfuerzo de comunicación que hacen las entidades financieras de nuestro país parece desproporcionadamente enfocado en el beneficio a toda costa. Quizá piensen que pueden sobrevivir en un mercado saturado de "clientes" sin recursos, sin dinero que guardar, sin recibos que pagar, sin cuotas que domiciliar y sin más bienes que embargar.
En relación con esto último, varios medios de comunicación se han hecho eco de que desde mediados del pasado año, se ejecutan diariamente en los juzgados de nuestra ciudad una media de tres hipotecas al día, y que dada la situación actual, casi ninguna de esas viviendas sale a subasta, sino que pasan directamente a manos de los bancos y cajas, que vuelven a sacar al mercado estas viviendas. Pero hay un detalle que puede suscitar inquietud. Una parte no despreciable de esas viviendas están sujetas a algún tipo de protección. Son Viviendas de Protección Oficial. Es decir, en su promoción, construcción y adjudicación han consumido una importante cantidad de recursos públicos (suelo, financiación, ayudas a los compradores, préstamos bonificados, etc.) que quedan de nuevo en manos de los bancos y cajas. Haríamos bien en recordar que cualquier cosa que hagan los nuevos dueños de estas viviendas, deberá, según la normativa vigente, tener la supervisión de la Administración, ya que son viviendas protegidas, a fin de obtener su descalificación, o de proceder a una nueva adjudicación o arrendamiento. Vamos, que no deberían poder disponer libremente de ellas. Eso, además daría una idea más clara a la administración de cómo evoluciona el parque de viviendas desocupadas.
O sea, que el Gobierno inyecta al sistema financiero (bancos y cajas) liquidez (dinero) en cantidades sin precedentes, no informan de las ayudas públicas (ICO) a que tenemos derecho, comercializan productos engañosos, abusivos, cuando no fraudulentos, y si todo sale mal, ejecutan la hipoteca, se quedan con la casa y la vuelven a vender. Eso sí, la casa te la quitan pero sigues teniendo la deuda con el banco. ¿De verdad necesita protección el sistema financiero?
Volviendo al principio, sobre el papel, las instituciones están presentes en los trabajos de esta Plataforma y sus comisiones. La asistencia y la participación hasta el momento son irregulares por los comprensibles desajustes de agenda. Parecería poco razonable que los poderes públicos con competencias en materia de vivienda (todos), perdiesen esta oportunidad de participar en un espacio abierto para buscar respuestas y plantear soluciones, donde van a encontrar una colaboración decidida de todas las organizaciones participantes.
Este es uno de esos momentos en que se pueden construir propuestas de futuro para todos. Las organizaciones sociales y ciudadanas estamos manos a la obra y a la espera de aunar esfuerzos con los poderes públicos.
Por eso, estamos trabajando en la organización de unas jornadas sobre vivienda para el próximo mes de octubre. Lógicamente, no podrán abordar el amplísimo catálogo de asuntos que pueden interesar pero será un principio. Esperamos obtener la colaboración de las instituciones para acercar a las entidades y a cuantos ciudadanos y ciudadanas quieran participar los objetivos y planteamientos sobre los que trabajan los poderes públicos y al mismo tiempo poder encauzar de manera eficaz las demandas y propuestas de la ciudadanía hacia los gestores.

* Portavoz de la Comisión de Vivienda de la Plataforma de Seguimiento de la Crisis en Málaga