Domi del Postigo
Este no es un artículo contra el PP. Conviene advertirlo porque se han encendido los ventiladores políticos marca ´Ytumás´ para desviar la atención del caso Gürtel, por un lado, y para recuperar votos y rematar la faena de colgar la etiqueta corrupta al adversario por el otro. Esto pretende ser sólo un humilde artículo escrito desde la intermediación en la defensa de la ciudadanía, ésa que paga impuestos municipales, por ejemplo, y no obtiene una prebenda personalizada a cambio, ni la busca. Esa ciudadanía despreciada sistemáticamente cuando se busca la trampa legal a la hora de tasar las contrataciones públicas de manera artificiosa para eludir muy legalmente la ley, o a la hora de contratar con su dinero y a dedo a un simpatizante o correligionario de manera reiterada. Todo legal, y fraudulento.
Demasiadas veces para eludir el procedimiento de sacar a concurso público la adjudicación de un trabajo, a lo que obliga la ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando la cuantía supera determinada cantidad, se trocea el total de éste en partes contratadas para que no supere esa cantidad, o se fija el precio de contratación en el límite que la ley plantea sea el trabajo que sea, lo que se hace, bien para acelerar el proceso, o bien para dárselo a la empresa o persona elegida –de entre tres propuestas– directamente mediante contrato menor, ya que así la Junta Consultiva de Contratación Administrativa no requiere la solicitud pública de ofertas. Quienes leen los periódicos no se extrañarán de que esto pase y sea denunciado de vez en cuando por todo el arco partidista, según ocurra en un ayuntamiento de los unos o de los otros. Pero ahora estamos en Málaga, y esta semana se ha denunciado el trato de favor a una persona a la que se han adjudicado diversos trabajos de amplio espectro (carpintería, reformas, pinturas, acerado, etc), la mayoría de las veces con el mismo precio aunque se traten de trabajos distintos en calles distintas (por 29.997 ó 29.998 ó 29.999 euros, qué curioso) y al borde de los 30.001 euros que obligarían a sacar la contrata a concurso público. Demasiado habitual, aprovecharse de la ley en contra de su espíritu.
Lo que es menos habitual es que esos contratos los firme quien fue nombrado ´representante´ del PP en Campanillas –aunque ya no lo sea– en pleno municipal en octubre de 2006, y que desde entonces y hasta 2008 se le hayan adjudicado contratos a dedo. Ni lo es que su domicilio coincidiera con el de la mismísima sede del PP en Campanillas.
Éste no pretende ser un artículo contra el concejal responsable (ni contra el alcalde); de la misma manera que otros no han pretendido serlo contra el presidente de la Junta, algunos consejeros, delegados u otros alcaldes y concejales. Pretende que algunos responsables públicos sean más cuidadosos a la hora de aprovecharse del silencio de los corderos, hartos de las trampas de quienes les esquilan sin el más mínimo cuidado.