Alcaldes

Domi del Postigo En una localidad el alcalde es su presidente. No exagero, de hecho un alcalde preside el ayuntamiento, ese Parlamento local donde reside la representatividad más cercana y tangible de los vecinos de lugar. Quizá por eso los alcaldes rompen la inercia de voto partidista por parte de la ciudadanía. En Andalucía, por ejemplo, gobierna el mismo partido desde el inicio de la democracia. Sin embargo, en las elecciones municipales, en algunas de las ciudades donde gana el PSOE en las autonómicas, una parte de los vecinos que votan socialista cambia de partido a la hora de decidir alcalde. Según el diccionario de la Real Academia el alcalde tiene la prerrogativa y la obligación de dictar bandos para el buen orden, entre otras responsabilidades y poderes. Y conceder licencia municipal a cientos de diseminados fuera de ordenamiento en su término municipal, o permitirlo, no es, precisamente, velar por el buen orden del municipio. Si para colmo algunas de esas naves de aperos, sobre el papel evolucionadas en viviendas residenciales o habituales con mejor o peor saneamiento, están en zona inundable, la cosa pasa de fraude legal a imprudencia temeraria.
También el diccionario se refiere a la acepción ´alcalde´ en juegos de mesa como la del participante que "da las cartas pero que no juega". Algo fácilmente extrapolable a la impoluta figura de quien reparte juego según el obligado cumplimiento de las reglas del mismo –la ley–, prefijadas normalmente antes de su llegada al cargo, y no sólo no se queda con algún as en la manga, sino que no aprovecha su posición de preeminencia para hacer trampas, sea en beneficio propio o de sus administrados, por empatía hacia ellos o para que le sigan votando como alcalde. Y otra de las acepciones del diccionario recuerda que alcalde es también "el juez ordinario que administraba justicia en algún pueblo y presidía al mismo tiempo el concejo". Por eso choca tanto el empeño de alcaldes imputados por irregularidades urbanísticas en desgajar de la vía penal lo que consideran sólo delito administrativo, más o menos grave en función de las circunstancias específicas de cada caso, que es verdad que las hay y son muy diversas y de distinto grado.
A quienes desde la administración defienden a los alcaldes que no han metido la mano en la caja, pero sí han incumplido la ley, es fácil comprenderles pero también negarles la mayor. Claro que no es igual una cosa que otra, pero conceder una licencia ilegal, o aprovechar el cargo para aplicar la ley en contra de su espíritu legal por muy legal que sea, es socavar el sistema de Derecho. Y si los vecinos no lo entienden así (como parece que cada vez más y, precisamente por abusar de las excepciones, no lo entienden), pues su alcalde habrá de dar la talla a la hora de hacérselo ver o perder las elecciones. Le guste o no al partido que todo lo quiere poder. Eso es lo que encierra la definición más noble del diccionario de lo que es ser alcalde.