FERMÍN BOCOS
Los piratas que tienen secuestrada a la tripulación del ´Alakrana´ amenazan con matarlos a todos en caso de no pagar el rescate y de no retornar a Somalia a los dos filibusteros encarcelados en España. Los familiares de los marineros están angustiados y transmiten su desazón y su ira a través de los medios de comunicación. Indignados ante lo que alguno de ellos ha calificado de "cagada" del Gobierno por la forma en la que están llevando el trato con los piratas.
El Gobierno pide paciencia y discreción. Dice que controlan la situación y que están haciendo todo lo que está en su mano para resolver el caso. Dicho queda, pero hay un hecho que siembra dudas al respecto: a la ministra de Defensa (Carme Chacón) la noticia del traslado a tierra de tres marineros del ´Alakrana´ la pilló en un plató de televisión mientras aseguraba que dos fragatas españolas estaban controlando en todo momento la situación del barco apresado.
Quedó mal Chacón por la mañana y repitió por la tarde al admitir que se había producido el desembarco de tripulantes y añadiendo que el Gobierno "sabía que estaban bien y dónde les habían llevado", desvelando, así, el trabajo que realizan los agentes del CNI sobre el terreno. Los piratas tienen oídos en España.
Fuentes solventes aseguraban ayer que estaba ya apalabrado el pago de un rescate y que el desembarco de tripulantes era una maniobra fruto de la presión del clan al que pertenecen los dos piratas encarcelados. Al Gobierno se le complican las cosas porque fue la Fiscalía General quien instó a traer a España a los dos piratas una vez que fueron detenidos por los militares. Baltasar Garzón, la Audiencia Nacional, hizo lo que procedía: reclamarlos.
Según fuentes de la propia Audiencia Nacional, la única posibilidad legal para excarcelarlos sería que la propia Fiscalía que solicitó su traslado decidiera ahora no presentar acusación alguna contra el llamado Abdu Willy y su compinche. Con arreglo a nuestras leyes: sin acusación, no hay juicio y podrían ser puestos en libertad sin cargos. Es decir, que la pelota está en el terreno de Cándido Conde Pumpido, no a los pies de Garzón. A nadie se le escapa que si el Gobierno y, en consecuencia, el Fiscal General, optaran por esta vía, crearían un precedente de repercusiones incalculables. Precedente del que nadie quiere oír hablar.
.jpg)
