Victoria Lafora
El recuerdo del caso Naseiro, en el que el Tribunal Supremo archivó la causa sobre financiación ilegal del PP por irregularidades en la instrucción del sumario, ha estado planeando sobre el mas reciente caso Gürtel como la gran esperanza de una parte de los supuestos implicados. En primera instancia se agarraron a las escuchas realizadas, con orden judicial, a uno de los integrantes de la trama y su abogado. Pero había que seguir buceando en los entresijos de la ley hasta encontrar un argumento más sólido y contundente. Y por fin lo encontraron: Sitel. Un sistema que adquirió el Ministerio del Interior en octubre de 2001, gobernando el PP y que entró en funcionamiento en una operación antidroga en Galicia. El sistema utilizado para investigar, con orden judicial, a los supuestos implicados en el caso Gurtel, y cuya legalidad ponen en cuestión quienes lo encargaron y quienes pagaron por él una importantísima suma.
Este sistema ha servido para luchar contra terroristas, narcotraficantes, mafiosos, proxenetas, y nunca cuestionado por el PP. Realmente extraño. Ante los rifirrafes que se están organizando, sobre todo el protagonizado por el ministro Rubalcaba y los diputados Floriano y Pons del PP, éste último afirmó en el programa las mañanas de Cuatro, del que yo misma fui testigo y partícipe, que el propósito de su partido no era en absoluto la anulación de la causa Gürtel en la que se debía ir hasta el final cayese quien cayese; que lo importante era salvaguardar la inviolabilidad de los derechos fundamentales. Pues bien, sólo han transcurrido tres días desde esa afirmación y la portavoz del Gobierno valenciano, Sánchez de León, ha afirmado que su partido pedirá la nulidad del caso Gürtel si se demuestra que las grabaciones de Camps con el ´Bigotes´ se realizaron de manera ilegal con el sistema Sitel. A esto se llama quitarse la careta a toda prisa.