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Isaías Lafuente El Parlamento de Andalucía ha apoyado unánimemente la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, conocida popularmente como Ley de muerte digna. No es una ley de eutanasia ni contempla el suicidio asistido, materias sobre las que sólo puede legislar el Estado, pero es un importante paso adelante. Es la primera en España que establece un protocolo que ordena los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que los atienden.
Consagra como derecho del paciente la sedación paliativa, aunque contribuya a acortar la vida, y obliga a los médicos a retirar o no adoptar medidas de soporte vital que solo contribuyen a prolongar en el tiempo una situación irreversible. Con una ley así, la escandalosa persecución del doctor Montes no se hubiera producido en Madrid.
La regulación de la eutanasia es un asunto complejo en el que son muy sofisticados y espinosos los equilibrios entre lo legal y lo moral, entre el derecho del paciente desahuciado y las obligaciones de los médicos. Sólo dos países en Europa, Holanda y Bélgica, la han despenalizado. Otros han regulado aspectos concretos como los que recoge la ley andaluza y en un puñado de estados esta práctica sigue prohibida y penada como delito de homicidio. El gobierno español cree que antes de regular esta materia debe producirse un amplio consenso social que en estos momentos no existe. El ministro de Justicia, a comienzos de año, dijo que la regulación ni es pertinente ni prioritaria para el gobierno. Y el parlamento rechazó hace unos días una moción de Esquerra en la que se pedía al Gobierno que presentara un proyecto de ley de eutanasia.
Soy partidario de la regulación de la eutanasia y me gustaría que un gobierno valiente la afrontase más pronto que tarde, porque nunca se sabe. Y no entiendo que para no abordarla el ejecutivo se escude en los mismos argumentos que ha exhibido el PP para oponerse a la nueva ley del aborto.