El juego del Estatut

Albert Cano El enésimo fracaso (y van cinco) de los jueces del Tribunal Constitucional para consensuar una sentencia sobre el Estatuto catalán revela que no hay interés por solucionar un embrollo que se arrastra desde hace siete años (cuando Zapatero prometió al ex presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que "aprobaría el Estatut que saliera del Parlamento de Cataluña").
El encargo de redactar la sexta ponencia al magistrado conservador Guillermo Jiménez, con la connivencia de socialistas y populares (por cierto: ¿puede restaurarse el prestigio del tribunal, así: cuatro jueces con mandato prorrogado, uno recusado, otro fallecido y todos con etiquetas ideológicas? ¿puede hablarse, aún, de independencia judicial?), indica dos cosas: la intención de los principales partidos de retrasar la sentencia hasta después de las elecciones catalanas, para no enturbiar una posible victoria de CiU (aliado deseado por unos y otros) y el acuerdo implícito de que, en caso de haber sentencia, esta sea más restrictiva con el Estatut que la prevista en la ponencia progresista.
Aparte de la tomadura de pelo al electorado catalán que ratificó el Estatut, es evidente la cortedad de miras de todos los implicados (incluido José Montilla, que pretende ahora "defender la dignidad" de los catalanes con su llamamiento para la renovación de los magistrados caducados, aunque lo que teme son unas encuestas amenazantes para su silla). Lo que alimenta un doble proceso, instalado en Cataluña desde la marcha de Jordi Pujol, en 2003: una clara desafección hacia la clase política y una creciente tentación de acudir a soluciones fáciles y extremas (sean xenófobas o independentistas). Unido a una crisis que no acabará a corto plazo, se auguran malos vientos para el Nordeste peninsular.