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La importancia de llamarse ´PIGS´

España tendría que dedicar una quinta parte (19,6%) para cumplir sus obligaciones crediticias, en línea con Alemania, Francia y Reino Unido (21%). La posición de España como prestataria sería bastante más favorable que las de Grecia (40%), Italia (32%) y Portugal (24%)

 

José M. Domínguez Martínez* Mucho antes de integrarse en la Comunidad Económica Europea, el curso de los acontecimientos en España estuvo ligado, en distintos aspectos, a la suerte de otros países de nuestro entorno. De manera muy significativa, el cambio en el Portugal de mediados de los años setenta, a pesar de las diferentes connotaciones, fue un importante antecedente en el horizonte político. Al igual que entonces no faltaron analistas que quisieron ver en los desarrollos del país vecino un test de superación de un régimen dictatorial, hoy, siete largos lustros después, hay quienes consideran que la salida de la crisis de las finanzas públicas griegas puede tener una influencia decisiva para el rumbo de las cuentas públicas españolas y, por ende, para el conjunto de nuestra economía. Tampoco sería necesario recurrir al oráculo de Delfos para vaticinar que el retorno del dra(c)ma griego acabaría siendo una auténtica tragedia paneuropea.
La importancia otorgada al equilibrio presupuestario dentro de la arquitectura de la Unión Monetaria Europea (UME) desembocó, más que en un santo temor, en una prohibición formal del déficit público, respaldada por doctrinas y sofisticados modelos económicos. En ese desvelo por la entereza del euro, sus artífices no dudaron en ser más papistas que el Papa, casi dejando en mantillas los cánones de la ortodoxia financiera clásica, que admitía el recurso al endeudamiento para cubrir el coste de inversiones públicas productivas a lo largo de los años venideros. Incluso para éstas, el paradigma reinante se ha decantado por propugnar la utilización de recursos presupuestarios (no procedentes del crédito) suficientes. Por si acaso, no estaba de más marcar un techo al déficit anual, cifrado en el 3% del producto interior bruto (PIB), y al ´stock´ de deuda pública acumulada (60% del PIB).
Entre otras lecciones, la crisis económica internacional ha demostrado que, a efectos de la materialización de los objetivos trazados para los saldos contables, ya sean públicos o privados, la realidad es bastante menos dócil que las declaraciones de principios o la promulgación de normas. El dogma de la estabilidad presupuestaria ha saltado por los aires ante un episodio que ha convulsionado los cimientos de los sistemas económico y financiero. De todos los países integrantes de la UME, los registros más preocupantes se alcanzan en Grecia, con el problema añadido de un cierto ´trilerismo´ estadístico que excede de los límites usualmente concedidos a la contabilidad creativa.
Los datos recientemente publicados por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, certifican que el déficit público griego alcanzó en 2009 una cifra equivalente al 13,6% del PIB, en tanto que la deuda pública cerró con un montante de algo más de 273.000 millones de euros, lo que representa un 115,1% del PIB. Aunque sólo tres de los dieciséis países integrantes de la zona euro cumplen estrictamente las condiciones de la disciplina fiscal (Dinamarca, Suecia y Luxemburgo), el caso heleno sobresale por conjugar un elevado déficit y una abultada deuda pública, similar a la de Italia como proporción del PIB. De hecho, los cuatro países (Portugal, Italia, Grecia y España) adscritos al grupo PIGS -sigla producto, sin duda, de una ocurrente y afectuosa imaginación, con el significado en inglés (por supuesto, totalmente casual) sobradamente conocido- acumulan cuatro de los cinco peores datos de déficit, sólo superados, paradójicamente, por Irlanda (14,3%).
Desde la perspectiva española, lo verdaderamente relevante es si, después de haber alcanzado el mayor déficit público de la historia nacional (11,2% del PIB), nos encontramos en una situación de insostenibilidad de las finanzas públicas. Al respecto habría que partir de una premisa: al margen de las restricciones institucionales, ningún país puede permitirse déficit de dos dígitos mucho tiempo. Por otro lado, no puede confiarse en una simple recuperación económica para equilibrar las cuentas públicas. La mayor parte del déficit tiene un carácter estructural, lo que quiere decir que para cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos públicos será imprescindible recortar sustancialmente los desembolsos y/o aumentar la recaudación tributaria.
Dicho lo anterior, no puede obviarse un hecho fundamental: España es uno de los países que parte con un menor nivel de deuda pública acumulada, equivalente a un 53,2% del PIB, cifra sólo mejorada, aparte de Luxemburgo, por Dinamarca, Finlandia y Suecia (en torno al 43% de media). Alemania y Francia, por su parte, superan el 70% del PIB.
Con objeto de apreciar la situación comparativa, hemos realizado una simulación de un plan ficticio de saneamiento consistente en obtener un crédito a diez años, a un 5% de interés anual (el tipo aplicado en el plan de rescate griego), con el que pagar toda la deuda pública acumulada. Es como si cada Estado acudiera a un gran banco mundial para plantear esa operación. Si un particular apela a una institución financiera, el indicador fundamental de su capacidad de pago es el porcentaje de sus ingresos corrientes que tiene que dedicar a pagar la cuota del préstamo (amortización del capital e intereses). Si hacemos el cálculo correspondiente con respecto a los ingresos públicos de cada país en el año 2009, España tendría que dedicar prácticamente una quinta parte (19,6%) para cumplir sus obligaciones crediticias, en línea con Alemania, Francia y Reino Unido (21%). La posición de España como prestataria no aparecería tan buena como la envidiable de los países escandinavos (10%), pero sería bastante más favorable que las de Grecia (40%), Italia (32%) y Portugal (24%).
El banquero mundial seguramente diría que, aunque su situación es preocupante por la magnitud de su déficit, España no es el país que está en peores condiciones para sanear sus cuentas. El mejor aval que podría presentar España sería aplicar decididamente un programa de ajuste en las dos vertientes del presupuesto, para aspirar a ser un verdadero ´PIGS´: "País con Ingresos y Gastos Sostenibles".

* Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga

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