En democracia, lo normal, incluso lo recomendable, es que, una vez elegidos, los gobernantes agoten sus mandatos con arreglo a los calendarios de legislatura. Por aquello lo de que cambiar de caballos en medio del río tiene sus riesgos, no son frecuentes los adelantos en las convocatorias electorales. No son frecuentes, pero tampoco se puede decir que constituyan una rareza. Hay momentos en los que si un gobernante se empeña en sacar adelante una a reforma, que suscita muchas resistencias, sabe que necesita un plus especial de confianza política (Felipe González, convocó un referéndum sobre la entrada en la OTAN), o en los que es tal el descrédito de un gobierno o tan evidente el agotamiento o la ineficiencia de sus recetas que la única salida es acudir a las urnas.

No es un drama. Lo que puede resultar dramático es la prolongación más allá de toda lógica de un liderazgo desnortado o incapaz de afrontar los problemas que tiene un país. En relación con la aguda crisis económica (y laboral y financiera) que padece España, ¿hemos llegado a esa situación? Rodríguez Zapatero, ¿debería anticipar las elecciones? Hay voces (Esperanza Aguirre, Dolores de Cospedal) que se han pronunciado ya en ese sentido. Otros (Blanco) no creen que sea necesario. Hay que decir que la almendra de la cuestión reside en la dificultad política con la que tropezaría un plan serio de reformas del sector financiero, de reformas laborales y fiscales; de recorte del gasto público y de reforma de la Administración..., un plan capaz de frenar y parar los males traídos por la crisis económica. Plan de choque cuya aplicación desgastaría a quien lo llevara al BOE.

Ese gobierno sólo podría salir de un acuerdo de gobernación PSOE-PP, similar al que funciona en el País Vasco (salida, la verdad, poco o nada probable), o bien, un Gobierno nacido de las urnas y, por lo tanto, legitimado para llevar a cabo el plan de ajuste que, a todas, luces necesita el país. Y esto es lo que hay aunque no parece que Zapatero se de por enterado.