La petición de traslado como asesor externo a la Corte Penal Internacional es una maniobra legítima del juez Baltasar Garzón para bloquear su presumible suspensión como magistrado de la Audiencia Nacional, apartándolo de las funciones jurisdiccionales mientras se celebra la vista oral por cualquiera de las tres causas que tiene abiertas. De esta forma, y durante un periodo de siete meses, el magistrado mantiene su plaza en el juzgado número cinco del tribunal especial, en donde lleva desde el año 1988.
No es una huida, puesto que el magistrado emplea una fórmula que le permite mantener su puesto de juez en su plaza, y es una forma inteligente de evitarse una supuesta humillación procesal de apartarle de sus funciones que no podría ejercer estando procesado.
Probablemente colabore, también, a relajar el ambiente creado en torno a estos procesos que están facilitando el desprestigio del Tribunal Supremo por los criterios encontrados sobre las razones últimas de los procesamientos. En todo caso, el juez estrella tiene siempre recursos para ser especial. Para ocupar los focos y para salirse de la labor sacrificada, discreta y constante de los demás jueces de la Audiencia Nacional.
El fiscal en todas sus causas ha tomado partido por el juez y no observa mácula alguna en sus comportamientos. La instrucción precisa de Cándido Pumpido ha sido la de proteger al juez contra las querellas, algunas de ellas tan poco recomendables como sus autores: Falange Española y el sindicato Manos Limpias. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha tenido una relación especial con el juez, y muy en particular su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Invocar que la fiscalía le apoya como elemento para pedir el cierre de los sumarios podría ser respondido con los mismos argumentos invertidos de quienes achacan intencionalidad a los magistrados del tribunal: unos y otros estarían jugando a roles de derribo y apoyo al juez receptivamente: nadie sería, entonces, inocente.
En todo caso, si esto serena los ánimos y permite trabajar al Tribunal Supremo con menos presión mediática de quienes creen en una operación de ´acoso´ al juez, será mejor para todos. Y que los tribunales impartan justicia sin otras consideraciones que su sometimiento a la Ley.
