Florentino y sus dineros

Rafael Torres Cabría esperar que entre las disposiciones que prepara el Gobierno para arañar a las grandes fortunas unas migajas ´solidarias´ haya alguna que sirva para atemperar un poco el escándalo de la contratación del tal Mourinho, el mejor mercenario actual, al parecer, del planeta del fútbol. En realidad, el escándalo es de tal magnitud que seguramente no habría modo ni de maquillarlo siquiera, y, de otra parte, llamar ´fútbol´ a algo que se relacione con Florentino Pérez, el untuoso y poderosísimo magnate que preside el Real Madrid, sea, no ya exagerado, sino inconveniente, pero lo cierto es que los 70 millones de euros que están bailando ante los perplejos ojos de los parados, de los funcionarios, de los pensionistas y de las personas decentes, componen una delirante coreografía de provocación y burla.
Setenta millones de euros es lo que costará de entrada la contratación del míster portugués entre indemnizaciones por rescisión de contratos y sueldo (a razón de 11 millones al año durante cuatro), son, para quien todavía se pierda con el euro, muchos miles de millones de pesetas, pero también son millones que han de salir de algún sitio, posiblemente de créditos bancarios, a menos que Florentino los lleve encima como dinero suelto. Un modo de atemperar el escándalo de semejante dispendio en el presente paisaje social de depresión y pobreza, bien que limitado, sería que Pérez revelara a los ciudadanos en apuros la fórmula para que los bancos, tan reacios hoy a prestar al que lo necesita, le sacudan sin pestañear esa friolera, máxime con la deuda que arrastra el club que preside. Pero ese señor no tiene pinta de revelar nada que no sea el modo de vivir y funcionar a espaldas de la lógica, de la cordura y de la palabra dada, que no otra cosa que la palabra es lo que dio estampando su firma al pie del volandero contrato del entrenador cesante.
Lo menos que podría hacer el Gobierno, ahora que aún pergeña el nuevo impuesto a las grandes fortunas, es introducir en su decreto una adenda por la cual la mitad o las tres cuartas partes de ese dinero, tan sucio desde el punto de vista moral, se blanquee ingresando en las depauperadas arcas comunales de la sociedad.