Todos a dieta

Javier González de Lara y Sarria Las pequeñas, medianas empresas, autónomos y familias de nuestro país y por supuesto de nuestra provincia, llevamos dos años y medio sufriendo en soledad, una intensa crisis económica que ha sido de forma autista, negada en general por parte de la sociedad y por quienes tenían la obligación y el deber, cuanto menos, de buscar soluciones y alternativas a la misma.
Digo en soledad, porque desde muchas instancias se ha querido justificar, y a veces con razón, en que la suerte estaba echada, que nos lo merecíamos por depender de dos sectores, en la ineficacia de nuestro tejido empresarial y en el agotamiento de nuestro modelo productivo. Se han buscado innumerables fórmulas improvisadas de sustitución, como si el mercado aceptara cualquier remedio siempre con el adjetivo sostenible que además de un titular mediático, consiguiera un efecto placebo.
Pues bien, las pymes y autónomos ya sabemos en este dilatado periodo lo que es pasarlo mal. No tener financiación ajena, sufrir las restricciones del crédito, de la morosidad pública y privada, la ineficiencia de un veterano mercado de trabajo, la falta de competitividad de nuestra economía y sobre todo la hipertrofia de nuestro sector público.
A pesar de los difíciles momentos socioeconómicos que atravesamos, empezamos a vislumbrar un escenario más que interesante en cuanto a la posibilidad de acometer, por fin, reformas en nuestro modelo económico, financiero, institucional, educativo, laboral, fiscal, y ¡albricias!, administrativo.
Por fin, nadie o casi nadie discute que es tiempo de reformas. Y obviamente, nadie o casi nadie propone por desgracia, cambiar el sobredimensionado modelo de sector público que tenemos, o mejor dicho padecemos. Digo esto porque necesitamos urgentemente gestionar de manera más eficiente los recursos públicos, con verdadera austeridad presupuestaria y control en su ejecución. No es sólo reducir el insostenible déficit público, que también.
Necesitamos simplificar los procedimientos administrativos innecesarios y establecer con claridad los límites regulatorios entre el Estado y las comunidades autónomas y reformar el modelo de financiación local, garantizando así el futuro de los ayuntamientos. Eliminar la proliferación de empresas y entidades públicas, igualando las obligaciones de la administración y de los administrados en cuanto a plazos, requisitos de información, consecuencias de incumplimientos, pagos, etc.
En definitiva, propiciar una reestructuración del sector público, manteniendo su adecuada dimensión social, liberando exceso de grasa. Ponerlo a dieta haciendo músculo, como está ocurriendo con nuestro sufrido tejido empresarial, que no para de jadear de tanto flexionar para no perder el tono. Tiempo de oportunidades que hay que aprovechar con valentía.