Diputaciones: más improvisaciones socialistas

Francisco Salado El desconcierto y la improvisación continúan impregnando toda la actuación del ¿Gobierno? socialista. Una de estas improvisaciones ha sido la brindada por el ministro de Fomento, José Blanco, sobre la posible supresión de las diputaciones provinciales, rápidamente enmendada y matizada por la propia secretaria de Organización de su partido.
Más allá de esa improvisación y la utilidad de las diputaciones, el problema de este tipo de frivolidades es que pone de manifiesto la absoluta carencia de criterios mínimamente serios sobre el conjunto de las administraciones públicas y su posible reorganización.
La enorme crisis económica que vivimos, y sobre la que el Gobierno Zapatero nos ha engañado durante dos años, justifica sobradamente cualquier iniciativa que tienda a conseguir una administración más ágil, más eficaz y más barata.
Tras producirse las primeras medidas de ajuste severo en Grecia, con el anuncio de supresión y concentración de un gran número de municipios, diversos portavoces socialistas señalaron que España debía estudiar soluciones parecidas. La unión o concentración de municipios más pequeños en una organización mayor del tipo mancomunidad o similar es justamente la dirección contraria a la supresión de los entes supramunicipales. ¿En qué quedamos?
Las diputaciones juegan un doble papel en el conjunto del tejido público español. De un lado, son redistribuidores de inversión, acercando el dinero de las comunidades autónomas a las obras y servicios requeridos por los pequeños municipios. Por otro lado se constituyen en una suerte de equipos técnicos para solventar la falta de medios humanos y económicos de esos municipios en temas como el planeamiento urbanístico; la recogida y tratamiento de residuos;
La inmensa mayor parte de los más de 8.000 municipios españoles no disponen de estos medios y no podrían satisfacer las necesidades y requerimientos de sus vecinos sin las diputaciones.
Si se plantease seriamente la desaparición de las diputaciones habría que organizar de modo simultáneo la aparición de varias mini-diputaciones en cada provincia. Es fácil comprender que en situación de recursos escasos la respuesta está en la concentración y no en la atomización.
Por supuesto que debe abordarse con rigor y con urgencia una racionalización de toda la estructura administrativa del Estado, pero no para hacer cosmética y quedar más o menos bien ante unas cámaras o unos micrófonos. El Partido Popular quiere impulsar un estudio en profundidad del conjunto de las administraciones públicas, estableciendo de una vez por todas un auténtico catálogo de competencias y profundizando en una descentralización frenada desde hace casi veinte años por las comunidades autónomas.
Mientras tanto, cualquier medida para mejorar la gestión de las diputaciones debe ser estudiada y puesta en marcha. Algunas son obvias, como disminuir el gasto corriente improductivo, pero otras pueden ser más discutibles. El presidente de la Diputación malagueña ha hablado públicamente de la fusión de tres organismos muy diferentes. Del Patronato de Recaudación Provincial puede discutirse su eficacia, su tamaño y hasta su modelo de funcionamiento, pero su existencia es una necesidad para la mayor parte de los municipios de Málaga y sus objetivos son difícilmente combinables con otros entes, como la SOPDE o la Empresa Provincial de la Vivienda.
¿Deben ser racionalizadas las administraciones públicas españolas? Sí. ¿Debe temblarnos el pulso a la hora de recortar y perder peso si resulta conveniente? No. Lo que conviene hacer, y a toda prisa, es estudiar con seriedad este asunto considerado en su conjunto. De lo contrario incurriremos en chapuzas de las que no tardaremos demasiado en arrepentirnos. Gobernemos en lugar de hacer propaganda, pues para eso nos eligen los ciudadanos con sus votos.