La oportunidad perdida

Javier González de Lara y Sarria La reforma laboral aprobada la semana pasada por el Gobierno no ha satisfecho a nadie, o al menos no ha dejado a casi nadie indiferente. La sensación que se desprende de la misma, entre otras cuestiones, es que no ofrece soluciones para el futuro, su carácter es coyuntural y, una vez más, es un buen intento, pero fallido.
En primer lugar, el Gobierno no ha sabido tan siquiera contar los objetivos y alcance de la nueva regulación, hecho éste reconocido sensatamente por el propio presidente de la Junta de Andalucía, por lo que ciudadanos y medios de comunicación sólo han alcanzado a comprender que se pretende exclusivamente abaratar el despido. Luego, ante tanta duda, el necesario refrendo del Decreto y su procelosa tramitación parlamentaria se iniciará presumiblemente en septiembre, con los pertinentes trabajos en las comisiones respectivas, enmiendas, etc. Total, reforma laboral, en el mejor de los casos, en noviembre o diciembre.
Todo ello, sin satisfacer a nadie. Tenemos la falsa virtud de no adoptar decisiones en tiempo y forma, y cuando las adoptamos, las dilatamos hasta el infinito y más allá. Se me dirá que el Decreto de «Medidas Urgentes para la reforma del Mercado de Trabajo» entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el 18 de junio. Sin embargo, el modelo no transmite hoy confianza ni seguridad jurídica, máxime cuando la presión política irá en aumento y los sindicatos tienen convocada una huelga general para finales de septiembre, y pueden suceder aún muchas cosas.
Con el ánimo de no ser exhaustivo ni cansar al lector con los contenidos de la referida reforma, sí añadiré que, efectivamente, necesitamos modernizar el mercado de trabajo español para que sea menos vulnerable al ciclo económico y permita una reducción permanente del elevado desempleo estructural. Se trataría de dotar a las empresas de instrumentos de flexibilidad y adaptación a situaciones de crisis que eleven su competitividad. Modernizar un marco institucional con más de treinta años de antigüedad.
No es tanto la obsesión por el abaratamiento del despido como facilitar la contratación. Lo verdaderamente caro en nuestro país es contratar, de ahí las altas tasas de desempleo, entre otras razones. Somos en Europa líderes en costes laborales globales, con las cotizaciones sociales más altas del entorno: un auténtico impuesto sobre el empleo. Por otra parte, tenemos un tabú, que es hablar de productividad como elemento imprescindible para la pervivencia y estabilidad de nuestras pymes y por supuesto, en la reforma laboral, de esto nada de nada.
Por no hablar de aplicar medidas eficaces contra el absentismo laboral, modernizar el sistema de negociación colectiva, donde los agentes sociales somos los primeros responsables; mejorar los servicios públicos de empleo y crear un esquema contractual sencillo que potencie la flexiseguridad: seguridad en el empleo y en la empleabilidad, y no necesariamente en la permanencia en el mismo puesto de trabajo.
En suma, reforma en la dirección adecuada pero poco ambiciosa que no mejora la flexibilidad en las empresas ni su capacidad organizativa. Lástima. Oportunidad perdida.