Con motivo de la en su día inminente celebración del referendum para la aprobación del nuevo estatuto catalán se fletó un autobús que recorría pueblos y ciudades para, con folletos y demás medios personales y materiales, explicar las bondades de la polémica norma autonómica. Esta acción promotora se llamó el Festatut, una palabra que es contracción de fiesta y estatuto. Pues bien parece que el referido festatut –tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional– ha salido aguado, o sea que finalmente no gusta ni a los que ahora afirman que «...tenemos un problema de estado...» debido a las correcciones e interpretaciones constitucionales, ni a los que consideran que el constitucional ha actuado con tibieza y han normalizado preceptos que colisionan clara y contundentemente con el espíritu de la Transición y su obra material más significativa, la Constitución del 78.

Es cierto que el Fallo que hasta aquí conocemos niega valor jurídico alguno a la palabra nación que contiene el Preámbulo, o que anula la pretensión de que el ´Consejo Judicial catalán´ signifique la creación de un poder judicial al estilo de un estado federal. También anula el constitucional formalmente la ´preferencia´ del catalán sobre el español, pero pervive como la lengua vehicular para la enseñanza pública. El órgano que preside María Emilia Casas cuestiona el pretendido carácter bilateral de las relaciones entre la Comunidad Autónoma catalana y el Estado y pone pegas a determinados puntos de la financiación en relación al PIB (producto interior bruto) catalán que venían a apuntalar mayores montantes económicos.

Son escasas modificaciones aunque con cierta profundidad, ello hace que el tripartito y CIU, con matices, expresen gran desencanto y a– nuncien medidas y movilizaciones, que el PSOE y el Gobierno diga que han conseguido su objetivo porque la mayor parte del texto ha devenido en constitucional, que el PP abogue –antes y ahora– por acatar la sentencia y que valore los asuntos básicos que han sido modificados o limitados en su interpretación y que determinados grupos y personas anden exponiendo su decepción y descontento por considerar que se dan aquí los primeros pasos para la posible futura creación de un pretendido estado catalán independiente, federal o confederal.

Lo más inquietante quizá es la reacción del Presidente Zapatero, «...haremos un esfuerzo para reforzar el Estatut...» o «...objetivo cumplido...».

¿Como un indivíduo de León, nacido en Valladolid, miembro del PSOE se erige en promotor de una reforma tan peliaguda? ¿Como un primer ministro de España asume la gran responsabilidad de impulsar un proceso de relativización de la solidez de un estado unitario? ¿Como un partido español más que centenario como el PSOE permite ese cambio tan radical de planteamiento de su ideario y posiciones políticas?

Es anómalo no asumir el papel que se tiene, es como un comprador que quiere pagar un producto más caro que el precio que pide el vendedor, es como un gato que ladra o un vegetariano que come carne. Es anómalo que el presidente del Consejo de Ministros no responda al perfil, a la capacidad debida, a la valía suficiente o a la asunción de su deber. La historia se lo demandará a él y a todos nosotros.