Bajo el yugo de la ley de Okun

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José M. Domínguez Martínez El estudio de las fluctuaciones económicas se basa en modelos cada vez más sofisticados, con un enorme despliegue de ecuaciones, variables y restricciones, cuya complejidad ha crecido en paralelo con la capacidad computacional para el tratamiento y la gestión de amplias bases de datos. No obstante, quizás ante la constatación de una realidad en la que el desempleo ha vuelto a mostrar su faz más cruda, se han recuperado, como objeto de atención inmediata, algunas de las relaciones económicas más simples, al menos en su apariencia formal. Entre éstas cabe destacar la popularmente conocida entre los economistas como «ley de Okun».
De entrada, huelga subrayar la necesaria relativización de la noción de «ley» en el ámbito de una ciencia social como la economía, donde tiene una significación bastante diferente de la que tiene en las ciencias físicas. Además del uso impropio que frecuentemente se hace de dicha denominación en un campo que no se rige por parámetros inamovibles, sino sujeto a las estrategias y decisiones continuamente cambiantes de individuos, empresas y administraciones públicas, la mencionada ley corresponde realmente a la estimación de una relación estadística entre la tasa de desempleo y la variación real del producto interior bruto (PIB) de una nación. A través de un análisis de los datos históricos, en 1962, el economista estadounidense Arthur Okun, jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Johnson, cuantificó cuál era la tasa de crecimiento del PIB necesaria para reducir la tasa de paro.
La cuestión reviste un enorme interés con carácter general, pero especialmente para un país como España donde la crisis económica ha empujado el desempleo a la cota del 20% y existen considerables incertidumbres sobre la consolidación de la incipiente recuperación económica. Una inspección visual de los datos del período 1981-2009 nos ofrece inicialmente un panorama no demasiado alentador: en 15 de los 16 años en los que disminuyó la tasa de paro, el PIB registró un crecimiento superior al 3%. Si, en lugar de lo anterior, recurrimos a una estimación de la relación estadística entre las dos variables, puede concluirse que, simplemente para lograr que no varíe la tasa de desempleo, se requiere que el PIB crezca anualmente entre un 2,7% y un 3%.
Aun cuando no hay que olvidar que puede darse simultáneamente un proceso de creación de empleo y un incremento del paro, si predomina el efecto de incorporación de personas a la población activa, las perspectivas que se desprenden de los datos indicados no son muy halagüeñas: las tasas de variación del PIB previstas para 2010 y 2011, situadas en torno al -0,6% y al 0,5%, respectivamente, se encuentran muy alejadas del umbral histórico asociado a la disminución de la tasa de desempleo. Si, alternativamente, la atención se centra en la creación de empleo, la referencia de crecimiento anual del PIB es algo menos exigente, pero sigue situándose por encima del 2%.
España no es una isla dentro de la frágil situación económica de los países desarrollados, pero en ella concurren tres circunstancias de signo negativo: un alto nivel de desempleo, que, ni aun en los años de mayor auge en la expansión reciente, logró bajar del 8%; un modesto ritmo de recuperación de la actividad económica, y una mayor exigencia de crecimiento económico para flexionar el paro a la baja, que se concreta en la necesidad de una tasa de variación del PIB un punto porcentual por encima de la observada en los principales países europeos. De igual manera, se aprecian notables contrastes entre las regiones españolas. Así, Navarra, País Vasco, Cantabria y Baleares son las que presentan una conexión más favorable entre el crecimiento económico y las magnitudes del mercado laboral.
Así las cosas, el reto con el que se enfrenta la economía española para reducir los desequilibrios en el mercado de trabajo, en una etapa de perfil bajo, es extraordinario. La ley de Okun, aunque sea realmente una relación empírica, cuantifica la dependencia del paro o del empleo respecto a la actividad económica. A diferencia de una ley física, no marca, de manera implacable, un guarismo inapelable en su exactitud. Una misma cifra de crecimiento del PIB puede tener distintas traducciones en términos de ocupación según el marco institucional en el que se opere.
El establecimiento de un sistema de regulación eficaz, capaz de combinar adecuadamente la seguridad y la flexibilidad, está llamado a desempeñar un papel crucial, como igualmente el diseño apropiado y la aplicación efectiva de un conjunto de políticas activas del mercado de trabajo que, desde distintos frentes, apuesten decididamente por la «empleabilidad» de las personas que hoy engrosan las filas del paro. La ley de Okun representa un yugo ineludible, aunque, en cierta medida, aplacable, lo que, más allá de un cierto límite no soportable, tal vez no pueda ya predicarse de quienes sufran el problema del desempleo sin expectativas de escapatoria.

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