Comentaba con José Manuel González-Páramo, del Banco Central Europeo, que la solidez del sistema financiero, era estratégica para un país, e imprescindible para el crecimiento económico y el empleo. Las cajas de ahorro suponen en España, nada menos que la mitad de dicho sector financiero.

La regulación de la cajas de ahorro, siempre ha sido objeto de debate por su peculiar modelo, no son sociedades anónimas, sino, entidades sin ánimo de lucro, o sea, fundaciones. Debate derivado primero de que originariamente tuvieron limitado su ámbito de actuación y luego por la imposibilidad de obtener fondos propios, o sea capital, para desarrollar nuevas actividades. Adicionalmente y derivado de su carácter fundacional, sus decisiones no siempre estuvieron guiadas en términos de eficiencia, lo que al final ha llevado a su reforma.

La regulación actual adolecía de dos deficiencias, la primera porque limitaba la capacidad para emprender nuevas actividades por parte de aquéllas más dinámicas, a la autofinanciación procedente de los beneficios o el endeudamiento, ya que no podían emitir títulos de capital y segundo, porque derivado de lo anterior, sus gestores en muchos casos no eran profesionales del «negocio bancario», lo que se conoce como «el oficio», lo que había llevado al riesgo de insolvencia de muchas de ellas, culminadas con las intervenciones de la Caja de Castilla-La Mancha primero y la reciente de Cajasur después, que finalmente ahora, ha sido el detonante de la reforma.

La posibilidad de emitir acciones de «capital social» o «cuotas participativas» hasta el 50%, como se les denomina, es un avance, mediante un instrumento netamente capitalista de la economía de mercado, hacia la «bancarización», o sea convertir las cajas en bancos, gestionados por un consejo de administración dirigido por profesionales del oficio, para así eliminar uno de los que ha sido su mayor lastre a lo largo de su historia: la desprofesionalización y politización y que ha conducido a inversiones irrentables, sobredimensionamiento y enchufismo, males endémicos que finalmente han estallado en intervenciones del Banco de España.

La decisión del Gobierno de aprobar la reforma por Decreto-Ley, reservado por nuestra Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad, muestra la situación límite a la que se ha llegado. La limitación de cargos políticos en los órganos de gobierno, debería dar paso a la profesionalización y el currículum, y la posibilidad de capitalización hasta 50%, supone de facto, abrir el melón hacia la conversión en sociedades anónimas financieras, o sea bancos, como elemento más importante de eficiencia y control. La carrera por la bancarización definitiva de las cajas ya ha empezado y al final lo que fue el origen de las mismas, su carácter fundacional, ha acabado siendo el principio de su perdición.