La prostitución callejera como atentado a la convivencia

26.07.2010 | 10:18

Si las demandas ciudadanas en general obtienen tardía satisfacción después de superar trabas políticas y burocráticas sin cuento, cuando un problema resulta que compete a varias administraciones entonces ¡apaga y vámonos! Es lo que ocurre con la prostitución en el Polígono Guadalhorce y en otras zonas de la ciudad, sin ir más lejos en el propio centro urbano.

La capacidad de legislar sobre un asunto como este corresponde a las Cortes Generales, pero no es menos cierto que los ayuntamientos, a través de sus ordenanzas municipales, pueden regular la actividades en las calles, y también la mercantil. Con esta idea, desde la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (APOMA), que presido, y con el fin de colaborar con el Ayuntamiento de Málaga –del que se decía que trabajaba en unas ordenanzas desde tiempo inmemorial– redactamos un borrador de las mismas que presentamos en rueda de prensa y que entregamos al concejal del área y al alcalde. Pero ni por esas. No sólo el ayuntamiento no daba a la luz unas ordenanzas –cuando Granada, gobernada por el mismo partido sí dispone de ellas, y Benalmádena, Marbella... se dotarán de otras– sino que tampoco se presta a que le ayuden.

Las innumerables reuniones que se han mantenido con el subdelegado del Gobierno y responsables policiales tampoco han sensibilizado al Gobierno central –de otro color político, como todo el mundo sabe– para acometer la necesaria reforma legislativa que podría dar solución sino a todos sí a muchos de los problemas asociados a la prostitución, como son el tráfico de drogas, delitos contra la propiedad, agresiones y un largo y lamentable etcétera.

Pero en esto llegó el partido de la oposición municipal de Málaga y le propuso al que gobierna una moción que fue aprobada por todos y que no satisface a nadie, porque nada resuelve el instar a que se cree «una unidad de coordinación y una mesa técnica, con la participación de las organizaciones presentes en el consejo sectorial de la mujer y asociaciones de vecinos y comerciantes de las zonas afectadas, para la elaboración de un plan específico para la erradicación de la trata, la prostitución u otras formas de explotación sexual»; también se demanda la redacción de una ordenanza municipal «para adaptar las normas municipales y las medidas sancionadoras a los objetivos marcados». Es decir: se crea una amplísima comisión –ya saben ustedes lo que se dice de éstas, nada bueno– en la que se debatirá entre grupos sociales de naturaleza muy distinta para concluir que no se concluye nada. O sea: ¡hay prostitutas para rato!, ya lo verán y, mientras tanto, que los empresarios y los ciudadanos en general se resignen a convivir con un problema que impide la convivencia. Porque coincidirán conmigo en que la prostitución impide la convivencia de los menores que transitan a pie o en automóvil y que son receptores obligados de un espectáculo inmoral como es el de la exhibición de prostitutas prácticamente desnudas y que ofrecen sus servicios a todo transeúnte del polígono o de la zona centro. También queda afectada la convivencia cuando los bares y restaurantes del polígono se ven perjudicados en bodas, comuniones y otras celebraciones al negarse las madres a llevar a sus hijos a un establecimiento público rodeado de meretrices. La convivencia queda dañada cuando en una zona comercial e industrial no pueden desarrollarse con normalidad sus actividades, pues supone un descrédito para muchos empresarios llevar a los clientes a sus naves. Ni debemos olvidar tampoco que atenta a la convivencia el aumento de la suciedad en la vía pública –envoltorios de comidas, plásticos, preservativos, jeringuillas, toallitas de papel, etc–, o que las prostitutas enciendan hogueras en invierno para calentarse, con el consiguiente riesgo de que puedan prenderse los materiales que rodean las naves. Añadiría que la convivencia se ve también lesionada por la pérdida de valor de las naves y edificios de la zona, por cuanto la estética y la seguridad son factores a considerar en la fijación de los precios de cualquier instalación o inmueble.

Por estas y otras muchas razones, entiendo que los empresarios y los ciudadanos en general, contribuyentes todos, tenemos derecho a que la vía pública sea eso, pública, y no esté tomada por prostitutas, con o sin proxenetas. En este asunto deben implicarse con valentía todas las administraciones, sin tanto y tan evidente temor ante lo políticamente incorrecto, adoptando políticas concretas y no discursos dirigidos a la galería o como partícipes de una comisión que va a debatir sobre el sexo, en este caso no, precisamente, de los ángeles.

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