Se nos acumula el trabajo como consecuencia de la pérdida de credibilidad, de las numerosas indecisiones y deberes por hacer. A nadie le extraña reconocer que, después de casi tres años y medio de crisis, hemos perdido mucho tiempo en acometer serias reformas para recuperar, en lo posible, el rumbo perdido.
Los empresarios hemos demandado hasta la saciedad reformas estructurales: económicas, financieras, administrativas, laborales, educativas, formativas, del sistema público de investigación y desarrollo, del modelo de producción energética..., sin olvidar la necesaria reforma de la lenta e ineficaz Administración de Justicia.
Recientemente, se ha dado a conocer a través del último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que ocho de cada diez españoles no creen que los jueces cumplan el precepto constitucional de igualdad ante la ley. Dicho de otro modo, los ciudadanos opinan que la justicia trata mejor a los ricos y a los políticos. No parece que la igualdad consagrada por el artículo 14 de nuestra Constitución esté en su mejor momento, a tenor de la opinión de los sufridos ciudadanos. Es tan aplastante dicha conclusión, que no parece ofrecer dudas de veracidad, al menos en el sentido de la percepción. La misma que se produce cuando próximos a una convocatoria electoral, se le consulta al soberano y entonces sabio pueblo, para argumentar filias o fobias a una u otra opción política, además de la consabida intención de voto, enarbolando los resultados de las encuestas como eficaz arma arrojadiza.
Hablar de Justicia en mayúsculas es hablar de algo muy serio. Que a los jueces no se les reconozca el prestigio social necesario es preocupante, por no decir demoledor. Ya lo dijo Sócrates: «Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente». Pero esta sabia reflexión debemos contextualizarla en nuestra época, en la que el tiempo juega un factor casi tan importante como las anteriores cuatro cualidades. La Justicia debe administrarse de forma ágil y sin excesivas dilaciones. Hacerla esperar es injusticia. Y ahí está la madre del cordero. En el factor tiempo.
Reformar íntegramente la Justicia incluso favorecerá al buen desarrollo de la actividad económica. Las empresas también sufren el descrédito de esta Administración, soportando procesos inacabables que en ocasiones suponen su propia supervivencia. Como muestra, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga se ha quedado recientemente sin el plan de refuerzo del que disfrutaba, tras la decisión de la Junta de Andalucía de suprimirlo el pasado mes de diciembre. Siendo el Juzgado Mercantil más saturado de España, la cuestión suena a tomadura de pelo, cuando dicho refuerzo consistía únicamente en abrir tres horas por las tardes, cuatro días a la semana, para desatascar trabajo. El Mercantil número 1 registró el pasado año 3.124 asuntos, casi un millar más que en el ejercicio anterior, lo que representa un aumento del 35 por ciento.
Como consecuencia de la crisis, desde 2008 unas 650 empresas en la provincia de Málaga se han declarado en concurso de acreedores, estando aún vivos 300 procedimientos sin resolver. El concurso está pensado para que culmine en un plazo aproximado de un año, porque a partir de ese período, por ejemplo, la posibilidad de ejecutar deudas hipotecarias desaparece. Está pensado para que tenga celeridad, pero esto es flagrantemente irreal. Hemos creado una vez más una Ley, un procedimiento específico para salvar en lo posible los intereses de los acreedores y propiciar la supervivencia de la empresa en dificultades, pero sin los medios materiales necesarios. El plazo de resolución de un procedimiento concursal, ronda ya los cuatro años. Así, es casi imposible administrar justicia adecuadamente. Lo peor es que están en juego miles de puestos de trabajo en un país donde, de seguir así las cosas, el empleo estará en breve en peligro de extinción.
Sobresaliente a los profesionales de todas las categorías de los Juzgados y Tribunales de nuestro país, que trabajan en estas difíciles condiciones. Suspenso a la Administración de Justicia, por su desidia, y a los responsables políticos que lo permiten.
