No hay nada tan cierto en el mundo como la muerte y los impuestos». Esta célebre cita de Benjamin Franklin, nos recuerda la tenacidad de los recaudadores de tributos, considerado también uno de los oficios más antiguos de la Tierra. La cobranza de caudales públicos no es sólo necesaria en nuestra sociedad, sino que, además, pone periódicamente a prueba la mejor de todas las artes perdidas: la honestidad.
De ahí que superada la fatídica fecha del 20 de abril, prolija en obligaciones fiscales para las empresas (declaración trimestral del IRPF y del IVA), encaremos el próximo y tradicional mes de junio tocándonos los bolsillos ante la inminencia de la temida Declaración de la Renta. Por no hablar del terrorífico julio, que amenaza con el abono de la paga extra, ingresar de nuevo el IVA y el IRPF del trimestre anterior, liquidar (el que pueda) el Impuesto de Sociedades, firmar las cuentas anuales ante notario para su presentación ante el Registro Mercantil, asumiendo la mensualidad ordinaria y las cotizaciones sociales correspondientes. Ilusionante a más no poder…en plena crisis.
Todo este panorama alentador viene al caso porque la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha publicado recientemente un «Informe sobre la presión fiscal percibida por las empresas de más de 5 empleados en Andalucía», donde se extraen algunas conclusiones más que interesantes: los empresarios y directivos consultados expresan su fuerte descontento con el grado de presión impositiva que el Estado, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos respectivos, ejercen sobre su actividad. Es mayoritaria la impresión de que el nivel actual de los impuestos no permite generar riqueza.
Las mayores dificultades que genera la presión fiscal para los empresarios andaluces son su impacto para la consolidación y crecimiento de la actividad, así como las complicaciones burocráticas y el coste directo que suponen en la generación de empleo. En términos generales, los impuestos que las pequeñas y medianas empresas consideran más gravosos y un obstáculo para el desarrollo de su potencial económico, son los de origen estatal. En general, los de universal aplicación. El IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades, las cotizaciones sociales (consideradas éstas últimas como un «impuesto sobre el empleo»), los gravámenes indirectos al precio de la energía y más en concreto a los combustibles, etc. Lamentable y desafortunado ha sido el incremento reciente de los tipos impositivos del IVA, donde sigue siendo un clamor empresarial que el pago de este impuesto sobre las facturas pendientes, no deba ni pueda ser anterior al cobro efectivo de las mismas.
La fiscalidad municipal también genera dificultades al crecimiento o a la supervivencia de nuestras empresas, destacando sobre todo el IBI, el IAE, el coste de las licencias y autorizaciones por su pesada y lenta carga administrativa, así como un rosario de tasas y precios públicos indeterminados. La valoración de la presión fiscal proveniente de la administración autonómica, tiende a ser citada como freno al desarrollo por un menor número de empresas, quizás porque alguno de los tributos de la Junta son aplicables a sólo una parte de los sectores de actividad. En éstos (construcción, industria y comercio), la proporción de empresas disconformes es considerablemente elevada.
En un entorno cada vez más plural, el sistema tributario andaluz debe ser cuando menos igual de competitivo que el de otros territorios autonómicos, promoviendo un sistema que facilite el establecimiento de empresas en Andalucía, neutralizando la agresiva competencia tributaria de otras comunidades, más beneficiosas fiscalmente. Tal es el caso del anacrónico Impuesto de Sucesiones y Donaciones que como buen ejemplo de fósil tributario, penaliza la implantación de posibles inversores y de actividades empresariales.
Con estas premisas, es obvio que urge una profunda reforma fiscal. También del propio modelo. Se trataría de reducir los costes empresariales, igualando las condiciones tributarias de nuestras empresas con las de nuestros principales competidores del entorno, flexibilizando la economía, incentivando la inversión, el ahorro y el empleo.
Aunque Martin Lutero afirmó que «el pensamiento está libre de impuestos», no demos ideas. Por si acaso.
