Tengo en mis manos, con mucho retraso, es verdad, el barómetro del CIS de febrero de 2011 sobre la situación de la Justicia en España: esos datos, en esencia, seguirán siendo hoy los mismos, porque la opinión pública es voluble en temas intrascendentes, pero más pétrea en asuntos importantes como éste.
Ahora, las cifras: el 48% de los españoles piensa que este servicio público funciona mal o muy mal, guarismo que crece hasta un 76,7% si se añade a quienes creen que los juzgados sólo andan regular; el 77,4% cree que una justicia lenta no es aceptable; el 71% considera que carece de medios para afrontar la tarea que se encomendó a los jueces; el 24% de los encuestados dice que funciona peor que en los últimos años, y la cifra estrella: el 57,1% de los ciudadanos prefería llegar a un acuerdo por un conflicto extrajudicial pese a sufrir algún problema o pérdida antes que ir al juzgado.
Los datos, como pueden comprobar, no invitan al optimismo; más bien son malos, y revelan una constante en el inconsciente colectivo de los españoles: la Justicia no resuelve los problemas de los ciudadanos. Asumiendo, como siempre les digo, que las críticas siempre llevan parte de razón, hay que hacer varias precisiones al respecto: la primera, que la falta de medios materiales y humanos es tan alarmante que poco pueden hacer muchos jueces, secretarios, funcionarios y fiscales; lo segundo, ciertamente es complicado trabajar cuando la carestía económica hace que los conflictos se multipliquen; y la tercera, casi tan importante como las dos anteriores, incide en que el Poder Ejecutivo realiza constantes reformas legislativas como la de seguridad vial o violencia de género que suelen multiplicar el trabajo de sus señorías.
Pero quien es criticado también debe analizarse. Hace poco, una juez se negó a informar a los medios de si había enviado a un supuesto asesino a prisión porque «tenía mucho trabajo»; poco le importó que el hecho conmocionara a media España. En muchos casos, el lenguaje jurídico manejado en las sentencias es poco comprensible, y en nada ayuda que los órganos de gobierno de la judicatura no tengan una independencia real del Poder Ejecutivo, que mete mano cuando quiere y como quiere (qué lamentable espectáculo el de cuatro vocales tratando de imponer una ley mordaza a fiscales y periodistas).
Por eso, los jueces han de proyectarse hacia la sociedad, explicarse a sí mismos y a su trabajo en foros públicos y hacer un alarde de transparencia en su labor. Entre los jueces, créanme, he visto auténticos ejemplos de entrega personal y profesional y de amor por poner sentencias. Eso debe saberlo el ciudadano. La imagen es importante, señorías.
