Teddy Bautista se va de la SGAE pero su obra persiste: a pesar de lo votado por el Congreso, el canon digital va a seguir gravando aparatos y consumibles electrónicos por lo menos durante un tiempo, contraviniendo así el derecho humano universal a la presunción de inocencia. La supresión que esta semana ha votado el Congreso de los Diputados es en realidad el recordatorio de un pacto incumplido por el gobierno, y para ser efectivo debe convertirse en una ley o decreto-ley a convalidar. Pero, por los términos del debate, no todos tienen ganas de que la supresión sea total y absoluta. El canon nunca debió existir; pero ya que se estableció, debió ser anulado de raíz y sin matices ante la primera de las varias resoluciones judiciales que lo han cuestionado.

El canon se basa en una presunción de ilegalidad: puesto que los dispositivos y soportes digitales, desde un DVD virgen hasta una impresora, tienen la capacidad de ser utilizados para hacer copias privadas de obras sujetas a derechos de autor, se da por supuesto que todos los compradores los van a dedicar a este fin. Por tanto, se les impone un canon cuyo importe revierte a las sociedad de autores. Nos hallamos en presencia de un impuesto preventivo, lo que, en cuanto a la filosofía aplicada, nos lleva al mundo tenebroso narrado en el film Minority Report (de Steven Spielberg sobre un relato de Philip K. Dick), donde se encarcela de por vida a quienes se presume que pueden delinquir. ¿Vamos a mandar a la cárcel a todos los que compren un cuchillo de cocina porque puede servir para asesinar? ¿No es más cierto que al comprador le asiste el derecho a suponer que lo usará para pelar verduras? De la misma forma, al comprador de una memoria USB le asiste la presunción de que lo dedicará a guardar el fruto de su trabajo o las fotos de sus vacaciones.

Medidas como el canon digital nacen del encuentro entre el desconcierto por las cosas nuevas (la revolución técnica de lo digital, con sus efectos sobre la venta de música y cine enlatados) y la tradición prepotente de unos gobiernos acostumbrados a solucionarlo todo a golpe de gravámenes indiscriminados. Se grava el automóvil por el uso que puede hacer de las calles, no por el que hace; el domicilio por las toneladas de basura que puede emitir, no por las que emite; y así en mil cosas más. Está en la misma ilógica que se graven los discos duros por las canciones que pueden almacenar, no por las que realmente almacenan. Ventajas del monopolio de la coerción, y de que los ciudadanos vayamos por el mundo con la guardia baja.