Qué sucedería si España se convirtiera en el cuarto as de la baraja y se sumara a Grecia, Irlanda y Portugal como el siguiente país europeo en tener que ser rescatado? Visto el plan de ajuste lanzado en mayo del año pasado por José Luis Rodríguez Zapatero, las medidas que aprobó ayer el Gobierno italiano y el abismo al que se dirigen inexorablemente los griegos, la mera posibilidad de que se produzca da escalofríos. El catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Joaquín Maudos, se aviene a esbozar una elucubración sobre tamaño desastre, pero bajo la advertencia de que «es una hipótesis que no barajo y que, en mi opinión, tiene cero posibilidades de que se produzca, porque los fundamentos de la economía española están a años luz de los países rescatados».

Efectuado el reparador suspiro de alivio, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué les pasaría a los ciudadanos a causa de un rescate? Maudos añade que antes de llegar ahí deberíamos asistir durante varias semanas a una prima de riesgo muy alta, con tipos de interés superiores al 9% (ahora estamos por debajo del 6%). Si eso sucede, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea «nos darán fondos a cambio de imponernos una severa política fiscal que dé señales a los mercados de que podemos devolver lo que debemos».

Un primer efecto del rescate sería que las empresas y los bancos encontrarían enormes dificultades para financiarse. Y eso que ahora... Las entidades financieras subirían los tipos que aplican a su clientela. Ambas variables provocarían una caída de la inversión empresarial, con el corolario que ello tendría para el empleo, y un encarecimiento de los créditos para el consumo de los hogares, que verían cómo se multiplicaban las trabas para adquirir una vivienda, un coche o un electrodoméstico. Esta situación podría empeorar aún más si fuera necesaria una quita, dado que los principales tenedores de la deuda española son los propios bancos del país, que «se hundirían».

El rescate obligaría a poner en marcha un descomunal recorte en el sector público. Necesitado de dinero para cumplir con sus deudas y reducir su déficit, el Estado se vería en la obligación de subir los impuestos -Maudos apunta como inevitables los alzas en el IVA (que reduciría el poder adquisitivo de los ciudadanos) y en los tramos más altos del IRPF- y de reducir los gastos, una medida, esta última, que acabaría tocando al Estado de bienestar. Si en mayo pasado las pensiones se congelaron, ahora bajarían. Si hace un año el sueldo de los funcionarios se redujo en un 5 % de media, con un rescate habría otro recorte, tal vez mayor, y una reducción del empleo en las administraciones. Además de intensificar las privatizaciones, la reducción del gasto público tendría un efecto muy pernicioso sobre sus proveedores, muchos de los cuales se verían obligados a cerrar, con lo que el paro aumentaría. Las prestaciones sociales serían tocadas y, como en Italia, se debería incluir el copago en sanidad y educación. El miedo y la ira que generarían estas medidas, augura Maudos, reducirían el consumo y darían pie a revueltas sociales, como en Grecia. Que esta pesadilla no se haga realidad.