Mi admirado Manuel Ruiz Benítez me comenta que, desde el inicio de la crisis están apareciendo una serie de palabras y frases, no usadas hasta ahora pero que diariamente podemos leer o escuchar en los medios de comunicación, en no pocas ocasiones, sin saber su contenido real o el trasfondo de las mismas. Una de las más usadas recientemente es el denominado Copago Sanitario que podríamos definir como «pagar una cantidad al ser atendido en la consulta o en urgencias por el sistema de sanidad pública», con ello se reabre un debate, nunca definitivamente cerrado, desde que el denominado Informe Abril en 1991 planteaba el copago como una medida imprescindible para mantener una sanidad pública en peligro de extinción.
Han pasado 20 años de aquellas apocalípticas predicciones y el Sistema Nacional de Salud, sigue gozando de buena salud económica, recogida en el denominado Pacto de Toledo que, con el apoyo de todos los partidos y sindicatos, aprobaron la financiación del sistema público de salud a cargo de los impuestos, es decir, de las aportaciones directas de los contribuyentes a través del Estado y que se materializa en los Presupuestos Generales del Estado, definiendo un modelo de universalización de las prestaciones en un ámbito de equidad y solidaridad.
Por ello, es lícito la pregunta que se hacen muchos ciudadanos ¿Si con mis impuestos pago un sistema público de salud, contribuir con una cantidad económica por el uso del servicio, sería pagar dos veces por la misma prestación?
En mi opinión si, algo difícilmente justificable desde el derecho público, ya que un bien público -como la Sanidad- no es gratuito, lo pagamos con los impuestos y no se justifica una nueva contribución por el necesario uso de ese servicio.
Los partidarios del copago parten de la premisa de que los españoles abusan de la sanidad pública, «una idea discutible» en palabras de Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial: «Los españoles van al médico 7,5 veces al año y mucho de los que van no lo hacen por gusto: la mayoría de enfermos crónicos deben ir un mínimo de 13 veces al año, solo a recoger recetas. Visitas que se podrían evitar con la receta electrónica, que funciona sólo en cuatro autonomías».
Efectivamente, si se quiere recortar en gasto sanitario, una de las vías es reorganizar el sistema de consultas primarias, muchas de ellas son de carácter burocrático y claramente evitable (seguimiento de las bajas laborales, recogida de recetas en caso de larga enfermedad, certificados, etc.) que podría ahorrarse con sistemas informáticos adecuados. Igualmente, la descentralización del SNS, primero en CCAA, luego en gerencias de AP y hospitalarias y posteriormente la aparición de multitud de centros con personalidad jurídica diferenciada ha producido la perdida de capacidad para negociar costes mas ajustados con los proveedores, perdiendo las ventajas de economía de escala, la única actuación en este sentido ha sido la compra de conjunta de vacunas por ocho CCAA que ha supuesto un ahorro de más de 100 millones de euros.
Estas y otras medidas se pueden adoptar para reducir costes sanitarios, y que abordaremos en el próximo artículo, lo que no es solución es el copago, porque fijar el objetivo de que tanto gastas en salud, tanto pagas, es caminar en una semi-privatización encubierta y para eso no pagamos nuestros impuestos.
* Francisco Gutiérrez es el Defensor del Ciudadano de Málaga ( Francisco Gutiérrezfgutierrez@malaga.es
