Estamos tan saturados de previsiones macroeconómicas y rectificaciones, que cuando caen ante nuestros ojos cifras concretas obtenidas directamente de colectivos cercanos y conocidos saltamos de la pesadilla, contra la que ya nos habíamos vacunado, a la realidad imposible de escamotear. Es lo que ha ocurrido hace unos días cuando en la Federación Malagueña de Asociaciones de Drogodependencias se han recibido, de sus entidades asociadas, las respuestas a los cuestionarios sobre ciertos parámetros, comparando simplemente el año 2010 con el actual. Seis sencillas magnitudes nos dan una idea cabal y contundente de lo que está ocurriendo en el sector social de la provincia de Málaga; al menos en el área de las drogodependencias.
De 750 personas contratadas durante 2010, en términos de jornada completa, se ha pasado a 72 en 2011: una caída del empleo de más del 90% en un año. De 40.550 personas beneficiadas por los diferentes programas de prevención, a 22.600: un 44% menos. En los programas de intervención el descenso ha sido del 17%. El número de socios de estas entidades ha pasado de 1.254 a 1.054 con una caída del 16%, mientras que las personas voluntarias han aumentado en un 6,7% siendo todavía una cantidad irrisoria, –540–, para las necesidades que deben cubrirse. Por último, los ingresos totales del conjunto de las entidades encuestadas han bajado, en cifras extrapoladas al año completo, el 29,6% con relación a 2010.
¿Qué conclusiones pueden derivarse de estas escuetas cifras? Lamentables y muy preocupantes. Cuando se compara la situación actual con la del año pasado, que ya se presumía que era el fondo del abismo, nos topamos con que el sector de las entidades no lucrativas dedicadas a la prevención y tratamiento de drogodependencias en la provincia de Málaga se va acercando a una presencia testimonial. Y las dificultades continúan. Las ayudas de las administraciones públicas siguen recortándose, retrasándose o, directamente, desapareciendo. Las entidades privadas que, mediante convenios y ayudas, suplían o complementaban a los poderes públicos han minimizado sus aportaciones. Los donativos de particulares son una reliquia del pasado y las cuotas de los asociados no cubren ni el recibo de la luz.
Esta desesperada disminución de la oferta de recursos para las personas con problemas de adicciones no sólo no responde a una disminución proporcional de la demanda sino que ésta aumenta significativamente por el desánimo y la falta de expectativas de futuro que la crisis acarrea. Y crece en tres aspectos preocupantes: 1) La precocidad en el inicio del consumo de alcohol y otras drogas ilegales, hasta edades que ponen los pelos de punta. 2) El incremento del poli–consumo, es decir, el consumo simultáneo de dos o más drogas, con el efecto letal que para la salud conlleva. Y 3) El consumo en forma de atracón o borrachera, especialmente los fines de semana.
Además de ello, a quienes estamos involucrados en el problema nos preocupa sobremanera la falta de conciencia de su gravedad, no ya sólo por los jóvenes y adolescentes sino también por las familias y algunos educadores. Parece que hubiera una aceptación fatalista del fenómeno de las adicciones y no pudiera hacerse ya nada para combatirlo. Es un esconder la cabeza bajo el ala de la crisis y del menor estigma social que conlleva el consumo de drogas en la actualidad. Pero lo cierto es que las drogas producen dependencia y problemas gravísimos de salud física y mental; mayores cuanto más precoz es el inicio en el consumo. La rehabilitación, cuando es posible, lo que no siempre ocurre, es mucho más costosa en términos personales, familiares, sociales y económicos que la prevención. Pero la prevención requiere como paso previo ineludible tomar conciencia de la existencia del problema para así poner los medios que los expertos ponen a disposición de familias, escuelas y otros ámbitos de actuación.
Las entidades no lucrativas que actúan en prevención y rehabilitación de adicciones son un elemento fundamental del Estado moderno y un recurso irremplazable de desarrollo social. Su desaparición o disminución notoria, por motivos económicos, es un retroceso gravísimo que nuestra sociedad no se puede permitir. Si no entran en las prioridades de las administraciones públicas, por razones de imposible justificación moral, los agentes privados y la ciudadanía deben pasar de un rol subsidiario a un papel protagonista. Exijan a las entidades cuanta información precisen para poder elegir la más acorde con sus principios para prestarles su ayuda económica y de trabajo voluntario, pero, por favor, no se queden parados. Luego será muy tarde.
