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FRANCISCO GUTIÉRREZ Este es el número de parados con el que ha finalizado el año 2011 en nuestro país, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre. Nunca en la historia ha habido tantas personas desempleadas en España que en términos porcentuales, representa el 22,85% de la población que quiere trabajar y no encuentra empleo. Esta situación viene agravándose, de forma exponencial, desde el año 2008, sin que las medidas para el fomento del empleo, reformas pactadas o impuestas, modificaciones del mercado laboral, incentivos a la contratación indefinida y un largo etcétera hayan dado los frutos deseados. La dramática realidad es que tenemos la tasa de paro más elevada de los países de nuestro entorno y con 1.575.000 hogares donde todos sus miembros en edad de trabajar se encuentran en paro. Son familias de trabajadores y autónomos que, hasta hace tres años, llevaban una vida económica «normalizada» y que el despido o cierre de sus empresas y/o negocios les han situado en la marginalidad.

Ante esta dramática situación, como ya ocurriera en las crisis de años anteriores, la mirada se vuelve hacia lo más fácil, pero al mismo tiempo, lo que menor incidencia tiene en la creación de empleo, la reforma del mercado laboral. Se precisan otras reformas mas urgentes e imprescindibles para reactivar nuestra economía, entre otras la del sector financiero, no solo para inyectar nuevas cantidades que permitan regularizar las cuentas de resultados de bancos y cajas, sino para la concesión de créditos que garanticen la supervivencia de pequeñas y mediadas empresas. Asimismo, la necesaria reforma fiscal que, entre otras cosas, elimine con eficacia la enorme bolsa de fraude existente en las rentas del capital o en las grandes fortunas, así como profundos cambios estructurales en nuestra estructura productiva con enorme volatilidad.

Quiere esto decir que no es necesario reformar el mercado laboral en algunos aspectos de sus tres instituciones fundamentales: negociación colectiva, costes del despido y contratos laborales, evidentemente no. Soy partidario de la adaptación de algunas de ellas, especialmente la negociación colectiva, pero evitando falsas expectativas dado que el mercado de trabajo ni crea ni destruye empleo, lo que hace es transmitir, en términos de contratos laborales, la evolución de los mercados de productos en una economía competitiva y diversificada, sin la enorme dependencia que se ha tenido del sector de la construcción.

Desde la aprobación del Estatuto de los trabajadores en 1980, han sido más de veinte las reformas introducidas en el mercado laboral, unas mediante acuerdo empresarios y sindicatos y otras impuestas como la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, con abaratamiento del despido, descuelgue salarial y la introducción de despidos preventivos. Los resultados, diecisiete meses después de su entrada en vigor, son conocidos por las cifras que titulan este artículo.

La Reforma Laboral, impuesta o pactada, entre empresarios y sindicatos, no servirá para crear empleo, en todo caso, como ha ocurrido en los últimos años, supondrá pérdida de derechos laborales, mayor precarización de los contratos y menor coste del despido. Aunque, eufemísticamente, se le llame reforma para la creación de empleo, sus resultados en estos años son evidentes.