El pasado dieciocho de mayo, con motivo de la celebración de las elecciones municipales, llamaba la atención sobre uno de los problemas que está llevando al cierre y consiguiente destrucción de puestos de trabajo de miles de pequeñas y medianas empresas y personal autónomo de nuestra provincia, como consecuencia del impago de las deudas contraídas por las administraciones públicas en especial, ayuntamientos y comunidad autónoma. Esta situación está impidiendo poder hacer frente a sus propias obligaciones de pago ya que el reconocimiento de la deuda por la administración no está sirviendo para que las entidades financieras realicen los créditos pertinentes.
Son numerosos los pequeños empresarios y autónomos que se acercan a nuestra Oficina en solicitud de ayuda para poder cobrar simplemente lo que se les debe y que en algunos casos superan más del año de demora. Hace tan solo unos días, una conocida empresa malagueña con dieciocho trabajadores y más de treinta año de actividad en nuestra provincia nos planteaba, con amargura e impotencia, que estaban abocados al cierre ante los más de seiscientos mil euros que le adeudaban diferentes ayuntamientos de la provincia. La morosidad pública está siendo muy dañina para el tejido económico, muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas sólo por el hecho de no poder cobrar por un trabajo realizado. Un drama que se acentúa cuando la decisión de cerrar una empresa la tienes que tomar por un tema tan injusto como el que no te paguen por unos servicios prestados o por la mercancía entregada a una determinada administración pública.
Son problemas reales y cotidianos que están sufriendo algo más de nueve mil empresas y autónomos malagueños que son acreedores de las administraciones y que, la Confederación de Empresarios de Málaga cifra en torno a los 500 millones de euros. Con estos datos no es de extrañar que la morosidad sea la principal preocupación para el 50,8% de las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el estudio sobre «Radiografía de la PYME 2011».
Por ello, la decisión del pasado Consejo de Ministros de facilitar el pago de las deudas no financieras que tienen las administraciones públicas con las empresas y autónomos es una decisión imprescindible para el mantenimiento de miles de pequeñas empresas.
Como hemos indicado, el aplazamiento interminable de pagos de las corporaciones públicas ha sido una de las causas del debilitamiento de la actividad económica y del aumento del desempleo, especialmente en una provincia como la nuestra, donde más del 85% del tejido productivo son pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos que no disponen de la capacidad de recursos propios que puedan ayudarles en la financiación del propio circulante.
Es compromiso gubernamental solucionar el problema «en unas semanas», por lo que los ayuntamientos tendrán que presentar el listado de sus deudas contraídas hasta finales de 2011, en un plazo no superior al 15 de marzo. Sin duda una muy buena noticia para esos miles de empresarios y trabajadores que están sufriendo esa morosidad administrativa. No obstante, estas buenas intenciones deben ser motivo de una mayor concreción para evitar engaños y frustraciones como ocurrió con la Ley 3/2004 de medidas de Lucha Contra la Morosidad, promulgada para combatir los impagos y plazos abusivos de la Administración, que sitúan el pago máximo en 40 días y cuyos resultados son evidentes. Como indicaba en mi anterior artículo, las buenas intenciones deben quedar plasmadas en normas de obligado cumplimiento y en todo caso ejecutables judicialmente.
