Ya vamos conociendo propuestas de los diferentes partidos sobre cómo organizar el contingente humano y político que puebla la Junta de Andalucía en caso de que formaran Gobierno. Sobre cómo organizar la Administración. Sabe uno que colocar la palabra «Administración» en las primeras líneas de un artículo es hacer oposiciones a que no te lea ni Dios, siendo éste sin embargo omnipotente y teniéndolo por tanto leído todo. Paradojas. Sea como fuere, no desespere el lector, dado que algunas de las cosas que comentaremos, aún siendo serias, pueden llegar a ser bastante graciosas. O tristes.
UPyD, el partido de Rosa Díez, ha propuesto en rueda de prensa junto a su candidato, Martín de la Herrán, reducir las delegaciones provinciales a una sola y las consejerías, de 13 a 8. No es un horario, queremos decir que se fusionen o desaparezcan algunas y pasen a ser solamente ocho los departamentos gubernamentales de la región. Claro que ya puestos a reducir podrían proponer eliminar la autonomía, que no es algo que esté, digamos, en el ánimo del citado partido, pero tampoco vamos a negar que con ese enfrentamiento a los nacionalismos (un provincianismo con literatura) que les caracteriza, no sea eso lo que muchos pueden entender que les mueve.
Uno de los muchos peligros de esta crisis es el auge del neocentralismo. El PSOE ya propuso por boca de Griñán reducir las delegaciones provinciales, de las que hay dos tipos: las que no sirven para nada y las que son sólo una correa de transmisión de lo que dicta el consejero desde Sevilla. Un delegado provincial es alguien que si sale mucho en los medios se le recrimina tener iniciativa y se le afea el afán de protagonismo. Si sale poco es que se toca la barriga. Por haberlos, están los que se tocarían la barriga delante del fotógrafo. Griñán finalmente no redujo el número de delegados, atendiendo a las súplicas de su partido, que veía venir lo que finalmente ha acontecido: un batacazo brutal en las elecciones que los ha dejado con pocos asideros vitales para sus huestes. Si no hubiera delegaciones provinciales, el ejemplar «socialista con cargo público» sería equivalente al oso panda, esto es, una especie en estremecedor peligro de extinción.
Lo que mina al PSOE no es el escándalo de los falsos Expedientes de Regulación de Empleo, sino el Expediente de Regulación de Empleo que para ellos han constituido las elecciones municipales y las generales. Los populares también han ido dando bosquejos de qué harían. Ahí está por ejemplo la propuesta de Arenas de traer Turismo a Málaga, que sería algo sin duda excepcionalmente bueno para nuestra provincia. Ojalá. Lo malo es que no es nada fácil, ni se hará, porque traer la Consejería de verdad (no poner aquí un despacho, un rótulo y una bandera) es traer a los 1.500 funcionarios que tiene el citado departamento en Sevilla, en la sede central, a Málaga. Eso sería un drama y seguramente se cometerían muchas injusticias humanas. Sí, eso es traerse la Consejería. Trasladarla enterita. Lo demás es tomarnos por enfermos de idiocia. Lo cual no es descartable. Que nos tomen, no que estemos.
Arenas tiene algunas propuestas regeneradoras y saludables, como reducir el número de consejerías y reducir también el contingente de altos cargos, direcciones generales y similares. Además, propone que los altos destinos los ocupen funcionarios, al igual que las delegaciones provinciales. Esto puede hacerlo porque en un partido con tanto poder hay mucho que repartir y los que no son funcionarios ya están colocados. Los que no tienen carrera, también. Y porque por mucho que elimine, la Administración (otra vez el palabro) regional es elefantiásica. Hablar de cómo se organizaría la autonomía antes de ganar o de que entremos en campaña es como vender la piel de Andalucía antes de cazarla.
A todo esto sumen la propuesta reciente del ministro Montoro de reformar las diputaciones y otro factor: el plan de ajuste que queda en España, unos quince mil millones, tendrá seguro como resultado un crujir clavijas al sector público, reducirlo, obligados como están los organismos a reducir el déficit sin (en teoría) disminuir los servicios. O sea, que la reforma de la Administración viene dada y obligada. Y lo que era en teoría una virtud política, o sea, prometer reducción de gastos (despidos públicos) puede comenzar a ser no tan dicho explícitamente. Los funcionarios votan.
