Sociedad anónima

El órdago sindical

 

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Finalmente los sindicatos han decidido jugarse el todo por el todo y convocar una huelga general contra la reforma del mercado de trabajo aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La convalidación de la reforma en el Parlamento ha desatado la ira de CCOO y UGT, que si hasta hace poco aún descartaban (al menos en público) el recurso de la huelga en aras del diálogo, ahora lo ven como la única arma capaz de hacer recular al Ejecutivo. El órdago es importante, crucial casi para delimitar lo que serán las propias centrales sindicales los próximos cuatro años. El fracaso en el seguimiento de la huelga el próximo 29 de marzo o un éxito simplemente discreto supondría que la sociedad española acepta que la salida de la crisis pasa obligatoriamente por un cambio radical en las relaciones de trabajo que han presidido este país durante los últimos 30 años. Un batacazo así dejaría atados de manos a los sindicatos de cara al resto de la legislatura, habiendo malgastado ya la que es su mejor bala. El fracaso sindical también ratificaría al Gobierno, que a menos de 100 días de su aplastante victorias en las urnas, ha visto convocado un paro que Rajoy ciertamente se veía venir, como ya le dijo indiscretamente al primer ministro finlandés, Jyrki Katainen, aunque como todo en esta vida, una cosa es esperarlo y otra que llegue.

La otra posibilidad es que la huelga triunfe con un seguimiento que pueda constatarse como mayoritario, aunque entonces el futuro sería muy incierto. El Gobierno no puede echar marcha atrás, porque hacerlo sería un suicido político, y los sindicatos, envalentonados con el éxito podrían plantearse seguir presionando con nuevas huelgas o movilizaciones. Y el temor a un escenario social parecido al de Grecia, con huelgas a cada dos por tres no agrada a nadie.

Daciones. Las entidades financieras se están apresurando a suscribir el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno para fomentar la dación en pago de las familias que, con todos sus miembros en paro, entran en mora hipotecaria y se enfrentan al desahucio y a la pérdida de su vivienda. El gesto es loable y supone, qué duda cabe, proyectar una buena imagen de cara a la sociedad aunque nadie –ni las entidades ni las asociaciones de consumidores y de afectados– piensan que el Código vaya a cambiar la dramática situación de las miles de personas que están siendo abocadas al desahucio (en Málaga hay más de 50 casos a la semana). El mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó el decreto, tanto la Asociación Española de la Banca (AEB) como la Confederación Española de cajas de Ahorro (CECA) se apresuraron a decir que ellos ya vienen aplicando desde hace meses medidas similares a las que se propone para frenar los desahucios. Con lo cual se deduce que seguirá siendo una minoría muy exigua la que pueda acogerse a la dación en pago.

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