Tribuna

El reto de la equidad en el sistema educativo

Según la OCDE, el riesgo de salida prematura del ciclo educativo no se distribuye por igual entre los estudiantes. Las tasas de abandono son más elevadas entre quienes pertenecen a familias pobres o inmigrantes, o tienen padres con un reducido nivel educativo formal

21.03.2012 | 06:30

La recuperación de la actividad económica y la creación de una mínima red de seguridad para aquellas familias sin capacidad de obtener recursos son, entre otras, algunas de las prioridades de actuación ante la adversa coyuntura que atravesamos. La perentoriedad que demandan situaciones que no admiten demora en su tratamiento no debe hacer perder, sin embargo, la perspectiva de otros problemas que, de forma más soterrada, están socavando las bases del desarrollo futuro. Uno de tales problemas es el abandono escolar, que incide negativamente en las vertientes de la equidad y del potencial de crecimiento económico.

En el conjunto de los países integrantes de la OCDE, uno de cada cinco estudiantes, en promedio, abandona el sistema educativo antes de completar la educación secundaria en su nivel superior. Se trata de un indicador negativo en el que, desafortunadamente, sobresale España, que, junto a Grecia, Islandia, Italia, México y Portugal, integra un grupo de países con tasas de abandono iguales o superiores al 25%, lo que impide a los jóvenes afectados adquirir una parte crucial de las competencias que hoy se requieren en el mercado de trabajo.

Según la información recabada por la OCDE, el riesgo de salida prematura del ciclo educativo no se distribuye por igual entre los estudiantes. Las tasas de abandono son más elevadas entre quienes pertenecen a familias pobres o inmigrantes, o tienen padres con un reducido nivel educativo formal. La carencia de recursos, por una u otra vía, para prestar una tutorización complementaria incide en la misma línea.

La citada organización internacional viene abogando desde hace años por el logro de la equidad en la educación, noción a la que se atribuyen dos dimensiones: justicia, que exige asegurar que las circunstancias personales y sociales no sean un obstáculo para alcanzar el potencial educativo; inclusión que requiere asegurar un nivel mínimo de educación para todas las personas.

La reducción del fracaso escolar genera dividendos para los individuos y para la sociedad: «la culminación exitosa de la educación secundaria ofrece a los individuos mejores perspectivas de empleo y de estilos de vida más saludables, derivando en mayores contribuciones a los presupuestos públicos y a la inversión. Personas más instruidas contribuyen a sociedades más democráticas y a economías sostenibles… invertir en educación básica, primaria y secundaria para todos, y en particular para los niños que proceden de entornos desfavorecidos, es tanto justo como eficiente desde un punto de vista económico», concluye la OCDE en un informe sobre la equidad y la calidad en la educación publicado el pasado mes de febrero («Equity and quality in education: supporting disadvantaged students and schools»).

En él se hace hincapié en cinco recomendaciones para mejorar la equidad en los sistemas educativos para ayudar a los estudiantes que parten con desventaja, con la pretensión de prevenir el fracaso y promover la finalización de la etapa de la enseñanza secundaria:

• Suprimir la repetición de cursos, por considerarla una práctica costosa e ineficaz en la mejora de los resultados educativos. Como estrategias alternativas se propugna abordar los desfases de aprendizaje durante el curso escolar, o la limitación de la repetición a las materias no superadas, con un apoyo selectivo.

• Evitar una política temprana de itinerarios y posponer la selección de estudiantes a la educación secundaria superior.
• Gestionar la elección de centros a fin de evitar la segregación y la ampliación de las desigualdades. Al respecto se considera que posibilitar una elección de centros completamente según el criterio familiar puede originar una segregación de los estudiantes en función de su capacidad o del estatus socioeconómico.

• Aplicar estrategias de financiación orientadas a las necesidades de los estudiantes y de las escuelas. En este contexto se defiende garantizar el acceso a una educación de calidad en las primeras etapas y la asignación de recursos adicionales para atender los mayores costes de los estudiantes desaventajados. Por otro lado, se apuesta por un equilibrio entre la autonomía local y la rendición de cuentas.

• Diseñar itinerarios equivalentes a la educación secundaria superior, centrados en la formación profesional, para asegurar la culminación del ciclo educativo.

Como complemento de las líneas de actuación mencionadas se incluye un repertorio de medidas con el objetivo de mejorar la posición y la capacidad de los centros con mayores dificultades: fortalecimiento y apoyo del liderazgo en las instituciones escolares, estímulo de un ambiente propicio al aprendizaje, atracción, respaldo y retención de profesores de elevada calidad, aplicación de estrategias de enseñanza efectivas, e impulso de los vínculos de los centros con los padres y las comunidades del entorno.

Es evidente que, pese a los beneficios asociados a la educación en general, en la actual etapa de austeridad presupuestaria, esta función se disputa con otras necesidades sociales el reparto de los fondos que llegan a las arcas públicas. Aunque el gasto en educación, salvo en lo que concierne a la construcción de nuevas infraestructuras, se computa como desembolso corriente, en realidad constituye una inversión en capital humano. Recortar el gasto educativo puede que ayude a mejorar el saldo de las cuentas públicas a corto plazo, pero tiene el riesgo de hipotecar el desarrollo futuro de la nación. De igual manera, desatender la vertiente de la equidad en la educación implica agudizar las brechas sociales e incrementar la magnitud de unos costes no siempre palpables a primera vista, pero que, tarde o temprano, se hacen patentes.

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