El sillón lo compró el expresidente socialista aragonés José Marco para su casa con fondos de la Diputación de Zaragoza, que presidía en 1990. Costó 80.000 pesetas, lo que hoy serían 480 euros. Pero sentarse en aquel sillón le costó además dimitir como presidente en 1995 y una condena por malversación de dinero público. Aquel caso del sillón no fue el primero que tumbó a un presidente autonómico judicialmente. Antes hubo otros dos. Urralburu, presidente socialista de Navarra, llego a ser encarcelado por el caso Roldán. Y al de Cantabria, Hormaechea, de un partido presuntamente independiente, le cayeron 6 años de cárcel en 1994 por malversación de tres millones de pesetas, unos 18.000 euros, lo que costaron los anuncios para poner a caldo a sus adversarios políticos en 1989, pagados, cómo no, con dinero público. A diferencia de su homólogo navarro, Hormaechea no ingresó en prisión por un indulto que le conmutó 5 años de condena.

Un sillón, unos anuncios en prensa y radio, todo eso no parece mucho al lado del dinero que desvió durante quince años Gil en Marbella, desde 1991. Ojú con los años 90. O ya en los años 2000, al lado de lo que movió la trama Gürtel en Valencia y otros rincones del reino. O al lado no tanto de los baratos trajes de Camps, pero sí de su carísima empatía institucional con algunos de los presuntos muñidores de la Gürtel, a quienes llegó a querer un «güevo» (a pesar de que el expresident valenciano siga sin enterarse de la gravedad de su comportamiento moral, a tenor de las sandeces que dice en una entrevista en Telva esta semana, cuyo titular podría haber sido: Me quiero un «güevo» a mí también). O al lado de los millones de euros que movió el expresident popular de Baleares, Jaume Matas, hacia manos privadas en 22 delitos distintos, por el primero de los cuales ha sido condenado a 6 años de cárcel. Ojú con los años 2000.

O al lado de los ERE falsos (aunque este asunto no haya tumbado a ningún presidente, pero quizá sea la puntilla para que eso pase en las urnas el domingo). Al lado de los cientos de millones de euros destinados al paro andaluz que se desviaron a familiares y afines políticos, durante años y sin control aparente, desde Empleo de la Junta, aquel sillón primero puede parecer poco, aunque robar un duro del dinero de todos está en la base de toda condena de este tipo. Contaba ayer Javier Martín Arroyo en El País que la juez Alaya llegó a golpear con su bolígrafo la mesa durante la agotadora última declaración de Trujillo, el chófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, quizá harta de que su detenido no terminase nunca de garabatear tantas rayas, de coca, en su confesión.

Y ya estamos en 2012. Algunos se quejan de la judicialización de la política, pero es que si no viene la Justicia a quitarlos del sillón, algún iluminado vendrá a decir que hay que quitar los sillones directamente para que esos culos no tengan donde sentarse.