Andalucía afronta un momento crucial. La delicada coyuntura económica por la que atravesamos exige de todos el máximo compromiso y la máxima responsabilidad. El Estado del Bienestar, que después de décadas de esfuerzo colectivo ha conseguido universalizar la educación, la sanidad, las pensiones y la atención a las personas dependientes, se somete ahora al reto de la sostenibilidad.

Pero los indicadores económicos no pueden convertirse en la excusa que justifique el adelgazamiento de una red de servicios que ha garantizado la calidad de vida y el desarrollo pleno de la inmensa mayoría de los ciudadanos andaluces.

La educación -y especialmente la superior, encarnada en las universidades- constituye uno de esos servicios, sin el cual difícilmente podemos aspirar a consolidarnos como una sociedad moderna, abierta y competitiva.

Por ello, al nuevo presidente de la Junta de Andalucía le pediría que creyera en la universidad. Nuestra institución contribuye al progreso social y económico de la comunidad andaluza a través de la formación de ciudadanos críticos y responsables. Si careciéramos de esa ciudadanía intelectualmente desarrollada, sensible a las necesidades del entorno y comprometida con el futuro de la región, las posibilidades de prosperar serían mucho más reducidas.

La Universidad puede desempeñar un papel clave en la regeneración del entramado productivo andaluz, en colaboración con las administraciones públicas y las empresas, con quienes conforma la triple hélice que permite el progreso colectivo a través de la innovación. En estos momentos en que tantos parámetros están mutando, el conocimiento ha devenido factor clave que determinará qué modelos socioeconómicos prosperarán y cuáles se verán abocados al fracaso. La Universidad genera, gestiona y transfiere conocimiento, por lo que está en disposición de contribuir eficazmente al desarrollo de nuevas formas de producción más beneficiosas para el conjunto de la sociedad.

Tenemos la facultad de convertir el talento en desarrollo, y de hacer que este revierta en el entorno.

De hecho, las empresas andaluzas ya se benefician del capital humano y tecnológico que sale de la universidad, reforzando así su competitividad a escala nacional e internacional. En este sentido, nuestra institución es un agente claro de progreso, y de ahí que merezca la atención y el cuidado de los poderes públicos.

También le pediría al nuevo Gobierno que mantuviera su apuesta por los Campus de Excelencia Internacional, con los que las universidades andaluzas hemos multiplicado nuestra capacidad de transferencia e innovación, además de situarnos a la vanguardia del sistema universitario en lo que a la articulación de la nueva enseñanza superior se refiere.

Es fundamental potenciar el entramado formativo, investigador y de cooperación empresarial que han forjado los Campus de Excelencia Internacional, puesto que eso nos convierte en una región más preparada para acometer los retos del presente y, sobre todo, del futuro.

Pero el compromiso más importante que espero del Gobierno que saldrá de las urnas el 25 de marzo es de carácter económico: desearía que mantuviera -y si fuera posible, incrementara- el presupuesto destinado a formación e investigación, porque es la única forma de garantizar que el servicio público que las universidades prestan a los ciudadanos andaluces siga siendo un referente nacional en la búsqueda de la excelencia.

El gasto educativo es en realidad una inversión, ya que con él se nutre a los profesionales del mañana y se sientan las bases del progreso científico y humanístico que nos permitirá seguir prosperando. Creo que no se debería escatimar en este terreno, y a pesar de las condiciones adversas, confío en que el nuevo Ejecutivo así lo entienda.