Estamos ante una norma con clarísimos visos de inconstitucionalidad que expropia derechos básicos a los trabajadores, anula la negociación colectiva, elimina la constitucional fuerza vinculante de los convenios, desconoce la legitimación democrática de las organizaciones sindicales e implanta y generaliza el despido objetivo, también en el ámbito de la función pública, atacando directamente la seguridad jurídica en España.

El Real Decreto Ley 3/2012 no sólo modifica el marco de relaciones laborales en España sino que instituye otro, muy diferente y ajeno a las más elementales bases del ordenamiento jurídico. Mientras que en pleno contexto de grave crisis económica, financiera y también social, las fuerzas conservadoras vienen apelando al consenso que hizo posible la Constitución de 1978, el Gobierno del PP, unilateralmente, al dictado de poderes externos e internos, con el beneplácito de los mercados, de las instituciones económicas mundiales y europeas y desoyendo el clamor popular, desmorona los cimientos democráticos sin haber evaluado las gravísimas consecuencias que su actuación acarrea a los servicios públicos, a quienes los sirven, los empleados públicos y a toda la sociedad.

Con mucha ingenuidad piensan algunos que esta norma será de aplicación sólo a los 700.000 empleados públicos que tienen la consideración de personal laboral o los más de 150.000 que trabajan en empresas públicas: Indisculpable error. Los empleados públicos, como el resto de la ciudadanía, deberíamos conocer a estas alturas que la reforma laboral no busca crear empleo sino, lisa y llanamente, facilitar el ajuste presupuestario a través de la partida de personal, y esa partida la componen: laborales, funcionarios y estatutarios.

Los servicios públicos se van a ver afectados de una manera especial por esta reforma ya que se «abre la puerta» a despidos masivos al reconocer que los organismos y entidades que forman parte del sector público puedan invocar causas económicas, técnicas, organizativas y de producción para acudir al despido objetivo. Esta medida, unida a las que ya se vienen implantando en las comunidades gobernadas por el PP, constituyen una amenaza seria y real para el mantenimiento de servicios públicos básicos: sanidad, educación, dependencia… no sólo van a perder su carácter universal y solidario sino que, a la par, verán desmantelado su personal, precarizando la calidad de los mismos de forma que, tan golosos negocios, sean «tomados» por empresas privadas.

Los empleados públicos despedidos podrán ser sustituidos por los desempleados que cobran prestación ya que se pretende impulsar que éstos «realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las administraciones públicas». Negro panorama el que se cierne sobre los servicios públicos porque estas previsiones legales «encajan» a la perfección con manifestaciones de destacados líderes del PP como Javier Arenas, quien ya ha anunciado que, de llegar al gobierno en Andalucía, suprimiría el 50% de las delegaciones provinciales.

Muchos dirán que no importa que los servicios públicos esenciales dejen de ser universales. ¡Qué más da pagar un euro por receta! pero ese euro va a salir del bolsillo del eslabón más débil de la sociedad: de los enfermos, de los ancianos, otras víctimas más de una crisis injusta, ineficaz e inútil.

El equilibrio, la igualdad, el consenso, son valores supremos que deben presidir nuestra convivencia por lo que los miedos e inseguridades provocados por normas no equitativas deben transformarse en un grito unánime de movilización y rechazo democrático con nuestra participación en la huelga general del próximo 29 de marzo.