Sociedad anónima

El mensaje de la amnistía

 05:00  

José Vicente Rodríguez a denominada amnistía fiscal auspiciada por el Gobierno y aprobada ayer en el Congreso ha desatado reacciones contrapuestas. Los hay que despotrican contra lo que consideran un agravio para los que sí cumplen con Hacienda –las rentas no declaradas que afloren antes del 30 de noviembre pagarán simplemente un gravamen del 8% o del 10%– y otros que defienden la necesidad de acudir de forma excepcional a una medida que, por lo menos, servirá para reflotar un dinero –el Gobierno espera recaudar unos 3.500 millones de euros– necesario en esta época de tijeretazos salvajes.

Dinero negro hay en todos lados, la verdad. Alemania, Italia o Gran Bretaña han aplicado en la historia reciente medidas similares con resultados bastante desiguales. En España, la amnistía (o como quiera llamarse) también fue puesta en práctica por gobiernos socialistas en 1984 y 1991 sin que, a la vista está, el problema quedara arreglado. Los más escépticos temen que la medida, eufemísticamente definida por el ministro Cristóbal Montoro como «una regularización de activos» sea, además de baldía, bastante contraproducente.

Según estos círculos, pasar la mano supone, por un lado, reconocer que las medidas de control del fraude son estériles y, por otro, dar esperanzas al defraudador de que siempre habrá alguna amnistía sacada de la manga por el Gobierno de turno para poner en orden sus cuentas. Así lo piensan los sindicatos, los técnicos de Hacienda y una gran mayoría de ciudadanos que, sin necesidad de estar tan indignados como los del 15-M, sí tienen muy desarrollado eso que se llama el sentido de la decencia.

También lo estima así buena parte de la oposición, lo que ocurre es algunos cambian tanto de opinión según los tiempos y el lugar que ocupan que cuesta saber si su actual negativa responde tanto a convicción como a cálculo político.

En Málaga se calcula que el dinero negro mueve más de 6.000 millones de euros, el equivalente al 22,6% del Producto Interior Bruto (PIB). Una tercera parte corresponde al empleo sumergido. El resto se reparte entre empresas evasoras que ocultan parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe, y en los listos que se llevan el dinero a los paraísos fiscales. La duda es si, pese a la generosa oferta de la amnistía, alguno de esos pájaros decidirá repatriar su dinero a un país en plena crisis.

Lo cierto es que, históricamente, el español ha sido siempre bastante pícaro –por no decir otra cosa–, y que durante muchos años había cierta simpatía social hacia el que lograba escaquearse de sus deberes con Hacienda. Los tiempos afortunadamente han cambiado; por eso resulta algo chocante que en pleno siglo XXI tengamos que seguir recurriendo a aministías para convencer al personal de que cumpla con su obligación.

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